El biministro de Economía respaldó la reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas, argumentando que es una iniciativa privada que el Gobierno ve con buenos ojos.
La posibilidad de recuperar una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas volvió a instalarse en la discusión política, esta vez con un respaldo del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien defendió el desarrollo de actividades económicas privadas pese a las tensiones diplomáticas que la iniciativa ha generado con Argentina.
Durante una entrevista en Estado Nacional, el secretario de Estado sostuvo que el Gobierno observa favorablemente las oportunidades comerciales para empresarios chilenos, siempre que las operaciones se desarrollen bajo condiciones claras y respetando las atribuciones del Estado.
“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, si se tiene que hacer con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, afirmó.
Mas explicó que la eventual reactivación de la ruta corresponde fundamentalmente a una iniciativa impulsada por particulares, por lo que el Ejecutivo no tendría un papel directo en su desarrollo comercial.
“Nosotros tenemos nuestro rol que es de la soberanía y generar las reglas claras para que esto ocurra. No hay más que eso”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de una intervención más amplia del Gobierno, reiteró que “es un negocio entre privados”, manifestando su expectativa de que la iniciativa pueda desarrollarse favorablemente.
El biministro también abordó los riesgos que podría implicar una operación comercial de estas características, considerando la controversia diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas.
Para explicar su posición, comparó la situación con otras actividades económicas que Chile desarrolla en zonas fronterizas, especialmente la minería.
“Siempre usted toma riesgos. Cuando explota un yacimiento minero en el borde con Argentina, siempre está tomando riesgos y tienes que tener acuerdos de funcionamiento”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la existencia de dificultades o diferencias con países vecinos no debería impedir el desarrollo de iniciativas económicas, siempre que existan mecanismos adecuados para regular su funcionamiento.
“Yo creo que hay que hacerlo de buena forma, pero no por eso vamos a dejar de tener operaciones económicas con nuestros países vecinos”, agregó.
Las declaraciones se producen después de que, a fines de septiembre, cerca de 40 representantes de los sectores público y privado de las Malvinas participaran en el encuentro Punta Arenas Business Showroom, una rueda de negocios impulsada por el alcalde de la capital regional, Claudio Radonich.
La actividad forma parte de los esfuerzos orientados a reconstruir una ruta marítima entre el continente y el archipiélago, con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades de intercambio comercial.
La iniciativa ha generado inquietud en Argentina, país que mantiene su reclamación de soberanía sobre las Islas Malvinas y que ha solicitado a Chile respetar los acuerdos existentes entre ambos gobiernos.
El debate se intensificó después de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, reiterara el respaldo chileno a la posición argentina, aunque reconoció que actualmente el Reino Unido ejerce el control del archipiélago.
Barros también sostuvo que una eventual solución a la controversia debería considerar la voluntad y los intereses de los habitantes de las islas.
Sus declaraciones se produjeron semanas después de que el Presidente José Antonio Kast ratificara ante su par argentino, Javier Milei, el apoyo de Chile a los derechos de soberanía reclamados por Argentina, durante un encuentro realizado el 3 de septiembre.
Desde Buenos Aires, el canciller Pablo Quirno recordó que ambos gobiernos habían acordado que Chile no prestaría apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en las islas.
Respecto de las declaraciones del ministro de Defensa chileno, Quirno respondió: “Palabra de Presidente mata a palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”.
En este escenario, la eventual recuperación de la conexión marítima entre Punta Arenas y las Malvinas continúa generando debate, mientras el Gobierno chileno distingue entre su posición diplomática sobre la soberanía del archipiélago y las actividades comerciales que puedan impulsar actores privados.
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