El Instituto Nacional de Derecho Humanos aseguró que de más de 3 mil querellas solo 42 tienen sentencia condenatoria.
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El Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) entregó el número de querellas presentadas, las sentencias condenatorias y otros detalles sobre las víctimas del estallido social y las acciones cometidas por agentes del estado en los días siguientes.
En ese marco, se interpusieron 3.233 querellas en representación de 3.828 víctimas, de las cuales la justicia había dictado 42 sentencias condenatorias, las que están en estado ejecutoriado al 31 de julio.
La institución calificó esta cifra como "preocupante", en consideración a que ya han pasado 5 años desde que se "registraron numerosas y graves violaciones a los derechos humanos” y porque “un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción por los plazos legales".
Desde el INDH creen que la situación actual de la justicia en Chile ha influido en los tiempos de tramitación de esas causas, pero también acusan falta de recursos de las instituciones auxiliares de justicia.
Del total de las víctimas, 2.852 son hombres (75%) y 973 son mujeres (25%), Solo en tres de los casos no hay información en este parámetro.
En el global, 3.640 víctimas tuvieron algún tipo de lesión, de las cuales 227 presentan lesión ocular, reseña el informe. Siete personas murieron.
En la desagregación de las cifras, también se tiene que 1.481 víctimas pertenecen a uno o más grupos protegidos por ley y que 603 eran niños, niñas o adolescentes.
El 20% de las mujeres denunció algún hecho de violencia sexual, es decir, violación, amenaza de violación, tocaciones o desnudamientos, siendo este porcentaje casi el doble que en el caso de los hombres.
En cuanto a los hechos vulneratorios, estos llegan a 5.581. Agresiones físicas directas es la que más se repite, con 2.095 casos. Luego aparecen las denuncias por disparos (1.887) y desnudamientos (386).
Según el INDH, la mayor parte de los hechos (3.958) ocurrieron en sitios públicos, mientras que en 745 casos habrían ocurrido en lugares de custodia y 592 en vehículos de traslado.
Desde la institución explicaron que las vulneraciones denunciadas durante el estallido social tienen un factor común. "Ocurrieron en espacios donde los medios de prueba resultan complejos de reunir", como sitios de privación de libertad o durante escaramuzas callejeras.
Lo anterior dificulta la determinación de las responsabilidades, lo que explicaría en parte que solo 42 de las 3.233 querellas interpuestas por el organismo tengan condena y sentencia ejecutoriada.
El jefe (s) Unidad de Protección del INDH, David Bahamondes, comentó que este análisis evidencia que "la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia. Junto con la obligación de dar justicia y de dar verdad, persiste la obligación de reparar el daño sufrido a las víctimas".
Agregó que "el acceso a la justicia es una obligación del Estado para con las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron daños físicos permanentes (...) a la inversa, la impunidad en numerosos casos de violación a los derechos humanos. en el contexto de la crisis, es una mala señal para el país".
En esa línea, Bahamondes sostuvo que "solo a partir de la justicia, la verdad y la reparación, es posible propender a la no repetición de este tipo de hechos en el futuro. Solo a través del irrestricto respeto a los Derechos Humanos, lograremos la sociedad democrática que el país necesita".
PURANOTICIA
