Francisco Bravo indicó que "nosotros esperamos que rápidamente se vaya dilucidando que tipo de relaciones había entre fiscales y el abogado".
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El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, manifestó la preocupación del gremio ante la eventual revelación de conversaciones del abogado Luis Hermosilla, imputado y detenido en el «Caso Audio», con funcionarios del Ministerio Público que pudieran cuestionar su independencia y objetividad.
La situación “nos inquieta”, dijo en entrevista con radio Infinita, junto con afirmar que “ese tipo de cuestiones tienen que ser investigadas (…) nosotros esperamos que rápidamente se vaya dilucidando que tipo de relaciones había entre fiscales y el abogado Luis Hermosilla”, sostuvo.
No obstante, dejó en claro que “la inmensa mayoría de los fiscales no tiene ningún tipo de relaciones impropias con abogados, más allá de lo que pase con el abogado Luis Hermosilla. A quienes podría afectar este tipo de situaciones es a un grupo de personas muy acotado”, subrayó.
El presidente de la Asociación de Fiscales también se refirió al caso del juez de la región de Coquimbo, Luis Muñoz, quien fue cuestionado por dejar en libertad a una banda de narcotraficantes tras el pago de una fianza de 2 millones de pesos.
Al respecto, Bravo sostuvo que casos así generan “una sensación de frustración, de molestia”, pero reconoció “que los jueces pueden tener distintos criterios”, ya que la ley “se interpreta”.
En ese sentido precisó que el juez Muñoz “interpretó la norma y nosotros interpretamos de otra manera, evidentemente nos genera molestia y frustración, porque hay todo un trabajo detrás en desbaratar una banda”.
Además puntualizó que el caso demuestra un problema “de carácter estructural: aquí los jueces no están obligados por las decisiones de los tribunales superiores”.
“Hay un desafío del punto de vista legislativo”, agregó Bravo y planteó la necesidad de cotar con “normas que permitan homogeneizar las decisiones de los Tribunales de Garantía”.
Reiteró, asimismo, que pese a que “no es ilegítimo que haya distintas interpretaciones” de la ley, hay “una afectación desde el punto de vista del principio de igualdad ante la ley y la justicia, y eso hay que resolverlo”.
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