El informe da cuenta que 242 municipios violaron la Ley N°21.389, que prohíbe otorgar licencias a quienes están inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
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Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, más de 3.400 personas registradas como deudores de pensión de alimentos obtuvieron licencias de conducir, según un informe de la Contraloría General de la República.
Se descubrió que 242 municipios violaron la Ley N°21.389, que prohíbe otorgar licencias a quienes están inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El informe mostró que el 70% de las municipalidades del país incumplieron esta normativa. La revisión de la Contraloría reveló que los permisos fueron otorgados a conductores que deben un total de $17.473 millones en pensiones alimenticias, afectando a 4.706 niños y niñas.
El 94% de las municipalidades de la Región Metropolitana no cumplieron con la norma, y seis municipios entregaron más de 100 licencias a deudores.
La CGR señaló que la responsabilidad recae en el funcionario municipal encargado de verificar si el solicitante está en el Registro de Deudores. En caso de infracción, la ley contempla sanciones que van desde una multa del 10% al 50% de su remuneración.
Además, se descubrió que 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia en la misma comuna donde trabajan, a pesar de estar inscritos como deudores.
El informe de CGR también reveló que 482 deudores de pensión alimenticia son familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron su licencia, lo que podría indicar una red de favores internos.
Ante estos hallazgos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que está evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones y tomar medidas correctivas.
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