La propuesta, despachada al Senado, ingresó a trámite en junio de 2024. Durante su paso por la Cámara, fue analizado en las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda.
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La iniciativa tiene como objetivo sistematizar la oferta de apoyos y cuidados existente. Junto a esto, busca incorporar nuevos elementos que cuenten con estándares de calidad para ser supervisados por los servicios e instituciones que los entregan.
La propuesta, presentada por el Gobierno y despachada al Senado, ingresó a trámite en junio de 2024. Durante su paso por la Cámara fue analizado en las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda.
En su articulado, reconoce el derecho al cuidado en su triple identidad: el derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarse. Adicionalmente, reconoce los cuidados como un trabajo que cumple una función social y contribuye al desarrollo económico y social.
Agrega que el derecho al cuidado será otorgado de manera gradual a las personas en situación de dependencia o que no han alcanzado plena autonomía. También a las personas que cuidan a otros, ya sean remuneradas o no. La norma pretende fomentar la autonomía, prevenir la dependencia y proporcionar apoyos dentro de un marco de corresponsabilidad social y de género.
El proyecto define una serie de conceptos vinculados a su marco regulatorio. Entre estos destacan el de cuidados, un trabajo necesario que comprende un conjunto de actividades cotidianas de gestión y sostenibilidad de la vida. Estas se pueden realizar dentro o fuera del hogar.
Al reconocer los cuidados como un trabajo, la iniciativa también señala que el Estado dispondrá de instrumentos de medición y valorización del uso del tiempo. Para esto considerará la carga laboral y las condiciones específicas del trabajo de cuidados no remunerados que se realice.
Adicionalmente, define los apoyos como toda prestación que consista en implementos o acciones de intermediación requeridas por una persona mayor, por una persona con discapacidad o una persona con dependencia, para participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político. Así como aquellos que permitan superar barreras de aprendizaje, comunicación o movilidad en el entorno y entreguen una mayor autonomía.
Junto a aquello, define qué se entiende por persona cuidadora remunerada y no remunerada. La primera es aquella que recibe una remuneración por trabajos de cuidados de personas con dependencia (por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad) y de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la persona cuidadora no remunerada es la que realiza estas mismas acciones, pero sin una retribución económica. Esto, sin perjuicio de la existencia de un vínculo de parentesco entre ellas o de la pertenencia a un mismo hogar.
Además, la norma crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el que estará a cargo de la Secretaría de Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso). Este corresponde a un modelo de gestión intersectorial constituido por las instituciones, programas, planes, políticas, servicios, prestaciones, etc. destinados a los apoyos y cuidados. Su objetivo será planificar, coordinar, proveer, supervisar y evaluar los programas, planes, políticas y servicios proporcionados por el Estado, los privados y la sociedad civil.
La Secretaría, igualmente, estructurará la Política Nacional de Apoyos y Cuidados, donde se definen los lineamientos del sistema. Aquí se promueve la organización social del cuidado en condiciones de igualdad, dignidad y corresponsabilidad social y de género. Además, considera diagnósticos y políticas específicas para niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores.
Entre ellos, crea el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) para personas con dependencia severa y cuidadores no remunerados. Para esto, establece que los gobiernos regionales pueden establecer convenios con instituciones para promover estos servicios. El aumento de cobertura para este programa representa el 98,9% del costo fiscal total estimado para el proyecto.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “las políticas y sus enfoques sí importan”. Sobre esto, relevó el hecho de que son las mujeres quienes ejercen mayoritariamente las labores de cuidado. Por lo tanto, justificó el enfoque en corresponsabilidad social y de género.
En tanto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, planteó que las necesidades de cuidado han crecido en los últimos años. Por esto, el proyecto concibe a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social. En esta línea, destacó la creación del Registro Nacional de Cuidadores y la construcción de los primeros centros de cuidados en el país.
PURANOTICIA
