Los sindicalistas expresaron su preocupación, ya que aseguran que el dictamen es un retroceso en materia de protección de los derechos de las y los trabajadores.
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La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ante el nuevo criterio de Contraloría por la confianza legítima.
En la oportunidad los sindicalistas expresaron su preocupación, ya que aseguran que el dictamen es un retroceso en materia de protección de los derechos de las y los trabajadores. Por esta razón, se solicitó una reconsideración dirigida a la contralora Dorothy Pérez, para la cual no existe una fecha de respuesta.
José Pérez, presidente nacional ANEF, aseguró que el dictamen es “violenta” y “es un retroceso”, porque la confianza legítima era un recurso frente a la fragilidad contractual de las y los trabajadores a contrata, tras dos años de vinculación, criterio que la contralora cambió a cinco años.
Agregó que esto afecta la estabilidad y la tranquilidad laboral, justo ad portas de cambios en las administraciones regionales y comunales. A su vez, fue enfático en destacar que las y los funcionarios trabajan para el Estado de Chile y “no para el gobierno de turno”.
Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, calificó el dictamen como evidencia de abandono de deberes y denegación de servicios por parte de la Contraloría, porque las y los trabajadores públicos no cuentan con otra institución a la cual recurrir para defenderse ante un despido injustificado. Por esto, planteó su preocupación de que la primera resolución de la contralora sea “quitarle un derecho a las y los trabajadores”.
Al respecto, Carlos Insunza, consejero nacional de la central de trabajadores, agregó que con este dictamen cerca de 270 mil trabajadores quedan desprotegidos. Asimismo, la abogada Carolina Guzmán señaló que es necesario legislar sobre la materia, para mejorar las condiciones de las y los funcionarios.
En la comisión, las y los diputados expresaron su preocupación ante la situación denunciada. Frente a esto, evalúan invitar a la instancia a la contralora general y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
También se cuestionó el rol de la Contraloría. Incluso se calificó como “vergonzoso” que no se asuman sus responsabilidades y se obligue a la judicialización de estos casos.
En sus intervenciones, relevaron la inestabilidad de quienes trabajan bajo la modalidad de contrata. Así también, enfatizaron en la necesidad de tomar medidas para garantizar sus derechos laborales. Eso sí, aclararon que la solución legislativa es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
PURANOTICIA
