El caso se dio a conocer tras la filtración de chats de WhatsApp entre Pérez y Andrade, fechados en diciembre de 2022, en los que se sugiere que la diputada podría haber interrumpido un embarazo.
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El abogado de la diputada Catalina Pérez (ex-Frente Amplio), Gonzalo Medina, presentó este sábado un reclamo formal ante el fiscal nacional Ángel Valencia debido a la filtración de información confidencial relacionada con una investigación sobre un presunto aborto. Este incidente ocurrió en el contexto de la causa por el denominado caso Democracia Viva, en la que tanto la parlamentaria como su expareja y fundador de la fundación, Daniel Andrade, están siendo investigados.
El caso se dio a conocer tras la filtración de chats de WhatsApp entre Pérez y Andrade, fechados en diciembre de 2022, en los que se sugiere que la diputada podría haber interrumpido un embarazo. Esto llevó al fiscal Cristián Aguilar a abrir una investigación paralela a la de Democracia Viva. En su comunicado, el abogado de Pérez aseguró que había presentado "un reclamo formal ante el fiscal nacional en contra de diversos fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de antecedentes de la carpeta reservada en la que se investiga un presunto delito de aborto en contra de mi representada."
Medina hizo hincapié en la importancia de la confidencialidad en este tipo de investigaciones, citando una resolución de la Corte Suprema que establece que solo los intervinientes en la causa pueden acceder a los antecedentes. A pesar de solicitar acceso al expediente ante el tribunal, el abogado fue rechazado y se le indicó que debía dirigir su solicitud directamente al Ministerio Público. Además, señaló que el sistema virtual de la Fiscalía tampoco le ha permitido acceder a la investigación.
El abogado también expresó su indignación por la filtración de información a los medios, lo que, según él, ha causado un "grave perjuicio" tanto a su representada como al sistema judicial chileno en general. Medina criticó que los medios de comunicación tengan acceso preferente a la información sobre el caso, lo que considera una violación de los principios que deben regir el proceso penal en el país.
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