En una declaración pública "los diputados parten respaldando que "el Gobierno haya vetado la iniciativa, eliminando aspectos que son serios retrocesos en el marco del Estado de Derecho, como son el uso de la violencia entre civiles en virtud de la legitima defensa privilegiada. También la eliminación de la ocupación transitoria que busca criminalizar las movilizaciones y protestas sociales en nuestro país"
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La bancada de diputados del Partido Comunista, integrada por 12 parlamentarios, emitió una declaración pública en la que rechazó el denominado "corazón" del veto del Presidente Gabriel Boric a la Ley de usurpaciones, esto es la mantención de las penas de cárcel y la flagrancia permanente que puede derivar en prisiones preventivas.
En una declaración que publica hoy El Mercurio, los diputados parten respaldando que "el Gobierno haya vetado la iniciativa, eliminando aspectos que son serios retrocesos en el marco del Estado de Derecho, como son el uso de la violencia entre civiles en virtud de la legitima defensa privilegiada. También la eliminación de la ocupación transitoria que busca criminalizar las movilizaciones y protestas sociales en nuestro país"
Además, apoyan "con fuerza el sancionar conductas delictuales, como las mafias que lotean y venden terrenos a los más desposeídos, o a quienes lucran de ocupaciones irregulares, a narcotraficantes que usurpan viviendas en las poblaciones. Al mismo tiempo, valoramos la incorporación de un mecanismo de restitución de los inmuebles".
Sin embargo, añaden, "tenemos observaciones sobre el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto. En nuestro país existen tomas de terrenos que históricamente surgieron como expresión de la lucha por la vivienda frente a la falta de políticas públicas".
"La necesidad de una familia no puede ser criminalizada. No estamos en disposición de apoyar medidas que signifiquen que las familias que viven en asentamientos irregulares, incluidas las que están en el registro nacional de campamentos del Minvu, corran el riesgo de tener penas efectivas de cárcel", agregan.
También expresan que "si bien se modera en sus implicancias la existencia de la flagrancia permanente, no es menos cierto que el veto mantiene como potenciales consecuencias la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva".
Finalmente, los diputados recuerdan que el objetivo original de este proyecto, originado en una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Kenneth Pugh, y Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer, "no es otro que criminalizar la pobreza".
