La Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde a la iniciativa impulsada por su presidenta encargada, y que permite excarcelar a procesados por hechos políticos desde 1999, con exclusiones para delitos graves.
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La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela aprobó la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, incluidos las intentonas golpistas y paralizaciones contra el régimen chavista.
El proyecto ha salido adelante con los votos de la unanimidad de la asamblea dirigida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, quien ha aprovechado para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial".
Los legisladores han aprobado la iniciativa en su segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el oficialismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner "a derecho", es decir, a disposición de las autoridades pertinentes.
Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
El documento aprobado este jueves mantiene que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse a las autoridades, si bien establece que aquellas personas que se exiliaron puedan se representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.
Asimismo, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha sido enviado a la mandataria para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana.
Por otra parte, la ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.
Con todo, quedan excluidos los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".
La ONG Foro Penal, que estima en 448 los presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero, ha reaccionado a la aprobación de la ley, afirmando que "los crímenes contra la humanidad jamás prescriben".
Mientras, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denominada zona 7, en Caracas, han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, si bien han alegado "grave desgaste físico y a ausencia total de respuestas por parte de las autoridades".
La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro, que permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores a principios de 2026.
PURANOTICIA
