Los votantes eligieron a las autoridades seccionales, entre ellas 23 prefectos provinciales, 221 alcaldes y más de un millar de concejales y vocales en todo el país.
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Más de 13 millones de ecuatorianos estaban llamados a acudir a las urnas este domingo 5 de febrero.
Se trató de una jornada inusual, ya que los electores tuvieron que usar hasta siete papeletas en algunas zonas urbanas.
Los votantes eligieron a las autoridades seccionales, entre ellas 23 prefectos provinciales, 221 alcaldes y más de un millar de concejales y vocales en todo el país.
También a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo independiente que representa a la sociedad civil.
Y, por último, respondieron 8 preguntas de un referéndum promovido por el gobierno.
Los 4.380 centros electorales habilitados en el país cerraron a las 17:00 hora local y a partir de ahí se inició el conteo de los votos, que se puede prolongar hasta 10 días.
Las preguntas son en realidad enmiendas a la vigente Constitución de 2008, que se modificará en los casos en los que la respuesta mayoritaria sea afirmativa.
"La consulta popular y sus efectos tienen una importancia trascendental para el Ecuador", le dijo a BBC Mundo la subsecretaria de Asuntos Regulatorios del gobierno, Karen Sichel.
Sichel aseguró que el proceso aportará herramientas para combatir "los problemas más apremiantes de los ecuatorianos: la inseguridad, la proliferación del crimen organizado, la corrupción, falta de representatividad y el abuso de los recursos naturales".
El ejecutivo del presidente Guillermo Lasso hizo campaña en favor del "sí" en este referendo no exento de polémica.
"Hay que entender el referendo en el contexto que vive el país, marcado por una crisis de liderazgo del gobierno de Lasso junto a una crisis de inseguridad tremenda, con delincuencia y redes de narcotráfico", explicó a BBC Mundo el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está en su momento más bajo de popularidad.
La popularidad de Lasso se encuentra en niveles muy bajos de entre el 12 y el 30% de aprobación ciudadana, según diferentes encuestas.
Chiriboga cree que, con el plebiscito, el ejecutivo "trata de buscar oxígeno y aprovecha unas elecciones seccionales para poner supuestas soluciones sobre la mesa a estos temas, mostrar que se van a atender algunos problemas".
Las ocho preguntas del referendo se dividieron en tres grupos con las funciones de "promoción de la seguridad", "fortalecimiento de la democracia" y "protección del medio ambiente".
Y, cuando se conozcan los resultados finales, el Consejo Electoral los publicará en el Registro Oficial en un plazo de siete días para su entrada en vigor.
Según una encuesta publicada el 6 de enero por la consultora Clima Social, un 28,1% de los electores votarían "sí" y un 5,4% "no" a todas las preguntas, mientras el 62,1% darían respuestas mixtas.
Opositores al gobierno promovieron la campaña del "no" para castigar a Lasso.
El primer grupo de consultas, referido a la "promoción de la seguridad", incluyó dos preguntas.
En la primera de ellas se pidió permiso a los ecuatorianos para extraditar a criminales por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
Para el gobierno, incluir la extradición en el texto constitucional asestaría un duro golpe a las redes criminales relacionadas con el narcotráfico, cuyos capos operan a sus anchas en muchos casos desde las propias cárceles del país.
"La extradición nos ayudará a desmantelar las bandas del crimen organizado y tendrá una función disuasiva. El Ecuador dejará de ser un paraíso del narco", afirmó la subsecretaria de Asuntos Regulatorios.
Sin embargo, algunos expertos, como Chiriboga, no ven tan claro que esta medida pueda marcar la diferencia.
"No se ataca el corazón del problema, que tiene que ver con soluciones de medio plazo como generar empleo o inyectar recursos a la economía, algo que el gobierno no está haciendo, así como decisiones de corto plazo, como destinar recursos a atacar el problema de la crisis carcelaria".
La segunda pregunta proponía que la fiscalía evalúe, ascienda, capacite y sancione a sus propios servidores, una función que en la actualidad corresponde al Consejo de la Judicatura.
El gobierno plantea que, con un mayor nivel de autonomía -aunque ya goza de elevadas competencias- la fiscalía podrá afrontar mejor el problema de la delincuencia.
Para el politólogo, no obstante, "no está clara la relación causal entre una mayor autonomía de la fiscalía y la solución de los problemas de inseguridad que sufren los ecuatorianos".
Imágenes como esta, de un atentado con muertos en Guayaquil el año pasado, son cada vez más frecuentes en Ecuador.
El referendo llega en un momento de inseguridad especialmente grave en Ecuador, donde el año pasado se produjeron 4.603 muertes violentas, un 82,5% más que en 2021.
Fue el mayor incremento en la región de América y el Caribe, situó al país como uno de los más violentos de la región con una tasa de 25 casos por 100.000 habitantes, superior a las cifras de México, Guatemala o Haití y solo superado por Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras y Venezuela.
Las siguientes cuatro preguntas del referendo correspondían al "fortalecimiento de la democracia" en Ecuador.
Una de ellas pedía autorización a la ciudadanía para reducir el número de asambleístas.
Actualmente 137 diputados conforman la cámara y se espera que para 2025 aumenten a 151.
De aprobarse esta parte del referendo, quedarían en unos 120 según estimaciones -depende de la población total y su distribución para ese año- con más legisladores nacionales y menos provinciales.
"La propuesta busca concentrar el debate y la gestión asamblearia en diputados nacionales y reducir la representación de las provincias más pequeñas y los ecuatorianos en el exterior. Eso genera una mayor centralización", explicó Chiriboga.
Los indígenas de provincias menos pobladas estarían menos representados en la Asamblea Nacional.
Las provincias más grandes como Guayas o Pichincha, agregó, "van a tener más representación que ahora y son precisamente aquellas que concentran el poder económico, algo que va en línea con la agenda política de Lasso".
Según la representante del gobierno, "una asamblea reducida será más eficiente" y "la reconfiguración de la misma dará paso a una verdadera representación" que remarque el carácter de "Estado unitario y republicano" del país.
El ejecutivo también pidió autorización a los ciudadanos para "exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción".
Además, propuso impedir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe autoridades (transfiriéndole esa autoridad a la Asamblea Nacional) y modificar el proceso de designación de los miembros de ese organismo para ponerlo en manos del parlamento.
El Estado ecuatoriano se compone de 5 poderes o "funciones": legislativa, ejecutiva, judicial, de transparencia y control social, y electoral.
El CPCCS tiene dos cometidos: incentivar, promover y dar recursos a mecanismos permanentes de participación ciudadana más allá de las elecciones, y elegir las autoridades de control de las funciones judicial, de transparencia y control social, y electoral (por ejemplo, los jefes de la Contraloría, la Defensoría Pública o el Consejo Nacional Electoral).
"Al gobierno de turno le preocupa quién le va a controlar, así que le quieren devolver la segunda competencia a la Asamblea Nacional, y que esta reciba las propuestas del presidente de la República para las autoridades de control", afirmó Chiriboga.
Esto supone, apuntó, que "estas autoridades que ahora se eligen por voto pasarían a designarse dentro de la Asamblea Nacional, así que queda a expensas de cómo sea la correlación de fuerzas parlamentarias y de las negociaciones de los partidos".
Las dos últimas preguntas estaban relacionadas con el medio ambiente.
Proponían incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y garantizar las compensaciones a las personas y entidades que contribuyan a la generación de servicios ambientales.
Hace un año, un vertido de petróleo afectó a los recursos hídricos en una reserva nacional en el norte del país.
Los analistas críticos con el gobierno alegan que, para aplicar medidas de protección medioambiental como las mencionadas, no hace falta someterlas a referéndum o incluirlas en la Constitución.
Y algunas organizaciones de defensa del medio ambiente como Acción Ecológica se muestran escépticas al considerar que estas dos enmiendas constitucionales no van a suponer un gran cambio.
Chiriboga, por su parte, cree que se trata de "preguntas gancho".
Alegó que, con este tipo de preguntas, el gobierno busca apuntarse un tanto fácil al obtener "síes" mayoritarios que refuercen su deteriorada imagen pública.
"¿Quién se va a oponer a que se mejore supuestamente el sistema de protección de las cuencas hídricas o a que se establezcan compensaciones a comunidades por servicios ambientales?", se preguntó.
El partido CREO (Movimiento Político Creando Oportunidades) de Lasso "tiene unas expectativas muy malas de cara a las elecciones seccionales; le va a ir muy mal según las encuestas, y convocar este referendo con una alta capacidad de éxito electoral sirve para compensarlo", sentenció.
Preguntada sobre las críticas de quienes creen que este referendo no va a servir para solucionar los temas pendientes del país, la subsecretaria de Asuntos Regulatorios del gobierno alegó que "la profundidad de cada una de las preguntas conllevará un cambio importante en las estructuras constitucionales vigentes en el Ecuador y que no permiten afrontar los serios problemas existentes".
PURANOTICIA // BBC MUNDO
