Amnistía tiene constancia de la ejecución de al menos cinco personas que eran menores de edad en el momento del delito, así como de 545 casos más vinculados a crímenes que, según el Derecho Internacional, no pueden ser castigados en ningún caso con la pena capital, como pueden ser el los delitos de drogas, el robo o el espionaje.
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La cifra de personas ejecutadas tras ser condenadas a muerte aumentó en 2023 un 30 por ciento interanual, hasta los 1.153 casos, un dato sin precedentes desde el año 2015 y que no incluiría a las miles de personas que, según Amnistía Internacional, habrían muerto en el hermético sistema penitenciario chino.
La ONG atribuye el repunte a la subida de datos en Oriente Próximo, especialmente en Irán, que acumula tres cuartas partes de las ejecuciones registradas en 2023. Los datos relativos a Irán se dispararon un 48 por ciento y evidencian una discriminación subyacente contra grupos como los baluches.
Amnistía tiene constancia de la ejecución de al menos cinco personas que eran menores de edad en el momento del delito, así como de 545 casos más vinculados a crímenes que, según el Derecho Internacional, no pueden ser castigados en ningún caso con la pena capital, como pueden ser el los delitos de drogas (un 56 por ciento del total), el robo o el espionaje.
Arabia Saudí, por su parte, aglutina el 15 por ciento de las ejecuciones totales, si bien el informe también constata retrocesos en países como Somalia, el África subsahariana y Estados Unidos. En este último país, se llevaron a cabo 24 ejecuciones, seis más que en 2022.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha instado al presidente estadounidense, Joe Biden, a "dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal" y ha criticado que se siga fomentando la pena capital con métodos "crueles" como la asfixia por nitrógeno.
Al análisis le siguen faltando datos para reflejar una imagen más veraz de la situación de la pena de muerte a nivel global, ya que Amnistía Internacional no ha podido presentar cifras sobre China, Corea del Norte y Vietnam, pese a que sí se cree que recurren "ampliamente" a este tipo de castigos.
Así queda patente en documentos oficiales y en mensajes transmitidos a la ciudadanía y que recuerdan que ciertas actividades son susceptibles de ser castigadas con la muerte, en algunos casos como herramienta de disuasión frente a actividades disidentes.
El informe publicado este miércoles refleja un aumento del número total de condenas a muerte en todo el mundo, en concreto un 20 por ciento, hasta un total de 2.428, si bien la cifra de países que aplicaron la pena capital cayó en 2023. Fueron 16, el dato más bajo desde que Amnistía recaba registros.
Para Callamard, es muestra de que "los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados". "Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte", ha proclamado en un comunicado.
Ya son 144 los países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica y Callamard ha pedido a la "pequeña minoría" que aún la aplica a "evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas".
PURANOTICIA
