María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a "hacer valer" los votos depositados por la ciudadanía el 28 de julio.
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Los principales líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a "hacer valer" los votos depositados por la ciudadanía el 28 de julio y a asumir el "futuro democrático" del país y cargaron contra el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anticipando que cualquier sentencia para "validar el fraude" será "nula".
"Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del TSJ no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen", dijeron Machado y González, en un comunicado suscrito por toda la Plataforma Unitaria, que aglutina a los principales partidos de la oposición en Venezuela.
Bajo esta bandera unitaria se postuló González Urrutia a las elecciones presidenciales, sobre las que pesa ahora la sombra de la duda.
Según el CNE, el vencedor de dicha cita fue el actual presidente, Nicolás Maduro, pero desde la oposición se insiste en que "el pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia".
"La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder", dijeron los líderes opositores.
Es al CNE, subrayaron, al que le corresponde publicar las actas que acreditarían los verdaderos resultados de los comicios, un llamado al que se han sumado también en las últimas semanas numerosos gobiernos internacionales, entre ellos los de España y Estados Unidos.
La oposición remarcó que la Sala Electoral del TSJ no tiene competencias para pronunciarse y, de hacerlo, "estaría violando el principio de separación de los poderes públicos". Una eventual sentencia "sería ineficaz y nula" e implicaría para los magistrados responsabilidades civiles y penales.
"Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió", insistieron, en una nota también de agradecimiento a los países del mundo que se han pronunciado en este mismo sentido.
PURANOTICIA
