Las monjas fueron escoltadas por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a la vecina Costa Rica después de ser obligadas a disolver la agrupación y cerrar sus obras benéficas.
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Las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega cerrara su asociación junto con otras organizaciones benéficas y civiles.
Las monjas fueron escoltadas por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a la vecina Costa Rica después de ser obligadas a disolver la agrupación y cerrar sus obras benéficas.
Su organización es una de las últimas que han sido clausuradas en el marco de la ofensiva del presidente Daniel Ortega contra sus opositores.
La Iglesia católica ha denunciado abiertamente las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Los medios de comunicación locales señalaron que 18 monjas de las Misioneras de la Caridad fueron conducidas a la frontera en un autobús escoltado por funcionarios de migración y agentes de policía.
El 28 de junio, el parlamento nicaragüense, en el que son mayoría los miembros del partido sandinista del presidente Ortega, les retiró la personalidad jurídica.
Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.
Un departamento gubernamental que supervisa a las organizaciones no gubernamentales las acusó de "no cumplir sus obligaciones" de declarar la procedencia de sus fondos.
Más de 200 organizaciones han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018 por presunto incumplimiento de las nuevas y estrictas leyes de financiación.
Entre las clausuradas se encuentra la reconocida Academia Nicaragüense de la Lengua, así como una organización médica benéfica que ofrecía cirugías para niños con paladar hendido.
Estas organizaciones ilegalizadas por el Ejecutivo nicaragüense se engloban dentro de las medidas promovidas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
La tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica ha sido elevada desde que el clero refugió a estudiantes que protestaban contra el presidente nicaragüense durante una ola de protestas antigubernamentales en 2018.
En 2019, Silvio Báez, uno de los obispos más críticos con el gobierno de Ortega, abandonó el país tras recibir varias amenazas de muerte.
Silvio Báez no pudo evitar las lágrimas en su última misa en Managua.
Y más recientemente, en marzo, el gobierno expulsó al Nuncio Apostólico -el equivalente de la Iglesia Católica a un embajador- en una decisión que el Vaticano calificó de "medida unilateral injustificada".
El propio presidente Ortega ha acusado al clero católico de ser "golpista" y lo ha calificado de "diablo con sotana".
El presidente, de 76 años, se encuentra en su cuarto mandato consecutivo tras ganar las elecciones presidenciales de 2021, ampliamente denunciadas como una farsa.
(Imagen: Elpaís.cr)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
