El centro de Nauru, descrito como un lugar de "desesperación indefinida" y "maltrato continuado" por visitantes de Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch, es una espina clavada en el historial de derechos humanos de Australia.
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El controvertido centro de detención de Australia en Nauru está vacío después de que el último solicitante de asilo que quedaba en la instalación fuera evacuado en medio de la noche de la semana pasada.
De este modo, Australia pone fin a más de una década de procesamiento de solicitudes de asilo en la pequeña nación del Pacífico, con 4.183 personas retenidas allí desde 2012.
El centro de Nauru, descrito como un lugar de "desesperación indefinida" y "maltrato continuado" por visitantes de Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch, es una espina clavada en el historial de derechos humanos de Australia.
Sin embargo, el procesamiento en el extranjero -que consiste en detener a personas en el Pacífico mientras esperan su reasentamiento en un tercer país- sigue siendo una de las políticas más duraderas de Australia.
Siete primeros ministros consecutivos han defendido su función de proteger las fronteras del país y "acabar con el modelo de negocio" de los traficantes de personas.
A pesar de que el centro está desocupado, el gobierno del primer ministro Anthony Albanese gastará grandes sumas de dinero -incluidos unos U$S320 millones este año- para mantener Nauru abierto como elemento disuasorio.
María sabe lo que se siente cuando te sacan casi sin aviso en un avión desde Nauru. En 2014, María fue llevada a Sídney por un grave problema renal, tras más de un año en la isla.
Sobrerviviente de la mutilación genital femenina en Somalia, María escapó de la guerra civil antes de emprender un viaje de semanas en avión y en barco hasta Australia.
"Prométeme que no morirás", le suplicó su hermano menor cuando abandonó el hogar familiar por última vez. "Eso me destrozó porque tenemos muchos vecinos y primos que han muerto en el Mediterráneo", dice María, que no quiere dar su apellido.
María le cuenta a la BBC que el tiempo que pasó en el mar le pareció "interminable". El barco era diminuto "como un kayak" y sus decenas de pasajeros no tenían aseo. "Tenía alucinaciones porque estaba muy enferma. No dejaba de pensar en mi hermano, en que no quería mentirle".
El centro es una macha en el historial de derechos humanos de Australia.
Finalmente fueron recogidos por la Marina australiana y trasladados a Nauru.
Los recuerdos de María sobre la isla son vívidos e intensos. Describe cómo se cortó y quemó los pies después de caminar sin zapatos sobre piedras afiladas en medio de un calor abrasador. La humedad dejó su tienda cubierta de "moho verde y negro que crecía en todo", dice.
Aprendió a moverse en grupo y a ignorar las proposiciones sexuales de los hombres del campo. El trato "deshumanizador", como la vigilancia en la ducha o la distribución de toallas femeninas por parte de los guardias, se convirtió en la norma, asegura María.
"Había muchas relaciones inapropiadas entre los guardias y las chicas. Eras una refugiada, pero te miraban como si estuvieras en una cárcel".
Tras salir de Nauru, María estuvo detenida en Sídney, antes de ser finalmente liberada con un visado temporal. Ahora dirige un negocio en Brisbane, donde vive con su marido australiano y sus dos hijos.
Pero su visado debe renovarse cada seis meses y vive aterrorizada ante la posibilidad de que la separen de su familia y la vuelvan a detener. "Es un limbo. No sé qué va a pasar mañana".
Gran cantidad de refugiados han compartido historias de sufrimiento como la de María desde que comenzó el procesamiento en alta mar de Australia en 2001.
El mecanismo fue introducido por un primer ministro conservador, John Howard. Cuando dejó el cargo en 2007, esta política migratoria fue suspendida por el gobierno laborista de Kevin Rudd, antes de ser reanudada -también bajo el laborismo- en 2012, inicialmente como medida provisional tras un repunte de los cruces en barco.
Los sucesivos políticos defendieron esta práctica que, según ellos, estaba diseñada para proteger las fronteras australianas y salvar vidas en el mar. Pero los investigadores han argumentado que hizo poco para frenar las llegadas por mar o las muertes.
Ambas disminuyeron a partir de 2014, cuando el Gobierno adoptó discretamente la política de "devolución" de embarcaciones, que se basaba en retirar los barcos de migrantes de las aguas australianas y devolver a quienes se encontraban a bordo a sus países de origen.
Todas las nuevas llegadas a los centros de detención extraterritoriales de Nauru y de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea (PNG), cesaron después de ese giro.
Y desde entonces, "Australia ha gastado considerables esfuerzos y dinero intentando sin éxito salirse de sus acuerdos en Nauru y PNG", según un estudio de 2021 del Centro Kaldor de Derecho Internacional de los Refugiados sobre las detenciones en el extranjero.
Las crecientes crisis sanitarias y el comportamiento suicida de los menores detenidos llevaron a Australia a evacuar a personas de las islas en virtud de un régimen legislativo especial.
Como resultado, todos han sido sacados de Nauru, pero 80 personas anteriormente detenidas siguen "atrapadas" en Papúa Nueva Guinea, según el Human Rights Law Centre.
En la última década, todos los órganos de expertos de la ONU encargados de examinar el procesamiento de refugiados en el extranjero han expresado su preocupación por esta política.
Catorce personas han muerto detenidas, la mitad de ellas por suicidio.
En 2020, la Corte Penal Internacional (CPI) calificó la política australiana de ilegal y degradante, pero afirmó que no iba a juzgarla.
A pesar de su discreto alejamiento del procesamiento de migrantes en el extranjero, Australia firmó recientemente un contrato de U$S282 millones con una empresa penitenciaria estadounidense para supervisar Nauru hasta al menos 2025.
"La resistente capacidad garantiza que los dispositivos de procesamiento regionales sigan estando preparados para recibir y procesar cualquier nueva llegada marítima no autorizada, lo que garantiza la respuesta de Australia al contrabando marítimo de personas", declaró un portavoz del Ministerio del Interior.
Albanese no ha hecho comentarios sobre la salida de Nauru del último detenido. Su gobierno ha descrito su política en materia de solicitantes de asilo como "dura con las fronteras, no débil con la humanidad".
Australia firmó un contrato con una empresa estadounidense para supervisar Nauru hasta al menos 2025.
Los críticos sostienen que el procesamiento en alta mar seguirá siendo una costosa política bipartidista sobre el papel mientras que en los hechos "se utilice a los refugiados para intentar ganar votos".
"Las personas que solicitan asilo por mar han sido convertidas en armas y politizadas durante décadas en Australia", afirma Jana Favero, directora de defensa del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo.
Pero Favero y otros críticos creen que la opinión pública está cambiando hacia un control fronterizo "basado en la disuasión". Favero celebra la última evacuación de Nauru como un "paso largamente esperado por los refugiados", fruto de una "defensa incansable".
"Lo que vimos en las últimas elecciones fue un rechazo a la política basada en el miedo", afirma.
Las encuestas parecen reflejar un cierto cambio de actitud hacia la inmigración. En 2017, a la pregunta de si se debería permitir a los refugiados de Nauru y Papúa Nueva Guinea establecerse en Australia, el 45% estaba de acuerdo, mientras que el 48% decía que no, según el centro de estudios Lowy Institute.
Este año, la misma encuestadora reveló que el 68% estaba de acuerdo en que "la apertura a personas de todo el mundo es esencial", un aumento de 15 puntos desde 2018.
María, que se ha visto atrapada en el punto de mira de la política del gobierno, dice que la vida por ahora consiste en convivir con la incertidumbre, porque muy poco ha cambiado con el tiempo.
"Ya han pasado 10 años... a esta altura, siento que estoy acostumbrada", explica. "Vivo mi vida como puedo, pero hay algunos días en los que me siento abrumada, y pienso ¿por qué a mí?".
PURANOTICIA // BBC MUNDO
