Autoridades venezolanas informaron que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
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Las solicitudes de excarcelación en Venezuela a raíz de la reciente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática han superado las 1.500 personas desde que la norma fue aprobada y publicada, según informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Rodríguez detalló que, hasta el momento, se han recibido un total de 1.557 solicitudes de amnistía, las cuales están siendo atendidas de inmediato por la comisión encargada de implementar la ley. Este significativo número incluye a personas privadas de libertad que buscan acogerse al beneficio tras la promulgación de la norma.
De acuerdo con lo explicado por el legislador, “se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, lo que da cuenta de un avance palpable en la aplicación práctica del instrumento legal.
La Ley de Amnistía fue aprobada el 19 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.990, marcando un giro en la política venezolana en materia de justicia y libertad de presos con causas vinculadas a hechos políticos.
Además de las solicitudes formales de internos, la Comisión de Seguimiento de la norma atiende cerca de 11.000 personas que se encontraban bajo régimen sustitutivo de privación de libertad, como presentación periódica o casa por cárcel, con el objeto de que puedan optar también por la libertad plena.
Rodríguez aprovechó para destacar el diálogo como mecanismo para la construcción de paz duradera, invitando a no caer en provocaciones ni distorsiones del alcance de la ley por parte de sectores opositores.
Si bien el Gobierno afirma que la implementación avanza, diversas organizaciones y sectores sociales han expresado críticas por la exclusión de ciertos grupos y por el ritmo aún modesto de algunas liberaciones, particularmente de quienes han estado detenidos por causas relacionadas con protestas y disidencia.
En este contexto, familiares, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales siguen atentos al proceso, que representa un paso significativo en la reconciliación política de Venezuela, aunque con desafíos pendientes para garantizar la libertad plena de todos los beneficiarios potenciales.
PURANOTICIA
