En el marco de una investigación sobre tráfico sexual y acuerdos judiciales cuestionados, el Comité de Supervisión descartó concederle a Ghislaine Maxwell protección penal.
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La defensa de Ghislaine Maxwell, expareja del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, ha solicitado inmunidad para la mujer condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores, como condición para que testifique ante un comité del Congreso de Estados Unidos.
"Los informes públicos, incluidas sus propias declaraciones, indican que el Comité pretende interrogar a la señora Maxwell en prisión y sin inmunidad. Eso es imposible. La señora Maxwell no puede arriesgarse a una mayor exposición criminal en un entorno políticamente cargado sin inmunidad formal", ha declarado su abogado, David Markus, al presidente del Comité de Supervisión, James Comer, en una carta recogida por 'The Hill'.
El abogado ha alegado asimismo que esta comparecencia "podría perjudicar sus reclamaciones legales y contaminar la composición del jurado en el futuro" mientras intenta que la Justicia estadounidense revoque su condena de 2021 por tráfico sexual de menores.
En su misiva, Markus ha solicitado además recibir las preguntas del Comité con antelación "para prepararnos adecuadamente para cualquier declaración ante el Congreso, y garantizar su precisión e imparcialidad".
La portavoz del Comité, Jessica Collins, ha descartado la concesión de inmunidad a Maxwell. "El Comité responderá pronto al abogado de la señora Maxwell, pero no considerará otorgar inmunidad en el Congreso para su testimonio", ha señalado en un comunicado recogido por el diario.
Según el documento publicado en la web del Comité de Supervisión, Maxwell deberá comparecer "en la Institución Correccional Federal de Tallahassee el 11 de agosto de 2025", un proceso en el que "el Departamento de Justicia está cooperando y facilitará la declaración en la prisión".
El Comité ha solicitado el testimonio de la viuda de Epstein "para fundamentar la consideración de posibles soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir la trata de personas y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales".
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