La presidenta encargada destacó la norma como un paso clave hacia la reconciliación nacional tras años de crisis política.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió la recién aprobada ley de amnistía, asegurando que su objetivo principal es poner fin al “odio y la violencia política” que, a su juicio, han marcado al país durante las últimas décadas.
En una declaración pública, Rodríguez señaló que la normativa busca romper con el ciclo de confrontación, llamando a la ciudadanía a avanzar hacia un escenario de reconciliación nacional y convivencia democrática, incluso en medio de profundas diferencias políticas e ideológicas.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, y contempla beneficios para personas que hayan cometido delitos de carácter político desde 1999, siempre que no estén vinculados a crímenes graves o violaciones a los derechos humanos.
Según explicó la mandataria, el país ha vivido largos periodos de antipolítica, extremismo y violencia, situaciones que —afirmó— pusieron en riesgo la estabilidad institucional y la paz social. “No podemos quedarnos estancados en el odio”, recalcó, subrayando que la ley apunta a mirar hacia el futuro.
Rodríguez también valoró la disposición de las víctimas de la violencia política, destacando su voluntad de perdón, aunque reconoció que el proceso de sanación nacional requiere responsabilidad política y respeto mutuo entre los distintos sectores del país.
En su intervención, la presidenta encargada evocó el ideario de Simón Bolívar, señalando que el proyecto político del oficialismo busca resolver las diferencias —como las relacionadas con la tierra y el desarrollo— mediante el diálogo y no la confrontación.
La ley de amnistía fue impulsada por el sector gobernante liderado por el presidente Nicolás Maduro y ha generado reacciones divididas: mientras el oficialismo la presenta como un avance hacia la paz y la convivencia, la oposición y organizaciones críticas advierten sobre posibles riesgos de impunidad y exigen mayores garantías institucionales.
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