Actualmente, unos 10.200 palestinos están presos en cárceles israelíes, según los datos del ministerio palestino de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos. Más de un tercio de ellos no ha pasado por juicio y casi todos han sido sometidos a la autoridad de tribunales militares.
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30 prisioneros palestinos por cada rehén israelí vivo y 50 por cada mujer soldado.
Es la cruda aritmética del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, que prevé la liberación de los rehenes israelíes en manos de la milicia islamista a cambio de un número total aún por definir de palestinos encarcelados en prisiones israelíes.
En una primera fase, Hamás deberá liberar a 33 secuestrados e Israel a 1.900 prisioneros.
El primer intercambio se produjo el domingo y permitió a 3 rehenes -Romi Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari- y a 90 palestinos cautivos en Israel (la mayoría sin haber pasado por juicio), recuperar la libertad y reencontrarse con sus familias.
Se espera que el siguiente canje tenga lugar este sábado 25 de enero.
Hamás capturó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, en su mayoría civiles, cuando atacó Israel por sorpresa y mató a unas 1.200 personas. De ellos, unos 90 siguen en manos de la milicia islamista, aunque no está claro cuántos han muerto.
La represalia israelí sobre Gaza ha dejado casi 47.000 palestinos muertos en 15 meses de guerra, gran parte de ellos mujeres y niños.
No es la primera vez que Israel accede a liberar a detenidos y presos a cambio de rehenes.
En una tregua acordada en noviembre de 2023, el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu accedió a excarcelar a 240 prisioneros, en su mayoría adolescentes detenidos sin cargos, mientras que Hamás puso en libertad a 105 rehenes.
En el pasado, el precio que las milicias palestinas han puesto a los secuestrados ha sido mucho mayor. En 2011, por ejemplo, Israel accedió a liberar a más de 1.000 prisioneros a cambio de un soldado que llevaba 5 años cautivo de Hamás en Gaza, Gilad Shalit.
Las cifras son altas y, en ocasiones, Israel ha accedido a excarcelar a presos que cumplían largas condenas por organizar atentados terroristas que causaron numerosos muertos.
Pero otros muchos de los liberados en los canjes son personas que se encuentran en lo que se conoce como "detención administrativa", por la que no han sido acusados de ningún delito concreto y que están en prisión sin fecha de juicio.
Estas detenciones, que se pueden prolongar durante meses o incluso años, engrosan las listas de la población carcelaria palestina en Israel, que desde el comienzo de la guerra se ha duplicado, según distintas organizaciones de derechos humanos.
Actualmente, unos 10.200 palestinos están presos en cárceles israelíes, según los datos del ministerio palestino de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos. Más de un tercio de ellos no ha pasado por juicio y casi todos han sido sometidos a la autoridad de tribunales militares.
A lo largo de los años, la ONU ha sido muy crítica con Israel por su tratamiento de los prisioneros palestinos y ha asegurado que generaciones enteras han soportado “privaciones de libertad arbitrarias, generalizadas y sistemáticas bajo la ocupación israelí”.
Antes del comienzo de la guerra, la ONU situaba la cifra de prisioneros palestinos en unos 5.000, entre ellos 160 niños, según el informe presentado en junio de 2023 por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Francesca Albanese.
De esos 5.000, unos 1.100 se encontraban detenidos sin cargos o sin haber sido sometidos a juicio.
Sin embargo, desde el 7 de octubre, estas cifras crecieron exponencialmente hasta superar los 10.000, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Addameer, organización que apoya a prisioneros palestinos y a sus familias, cifra en 10.221 los palestinos presos "tras las amplias campañas de detenciones llevadas a cabo por las autoridades de ocupación contra diversos segmentos de la población palestina".
Entre ellos hay 88 mujeres y 320 niños.
Israel asegura que esas detenciones se enmarcan en operaciones antiterroristas que tienen como objetivo a miembros de Hamás en Cisjordania.
De la cifra total, "el número actual de detenidos administrativos supera los 3.400, junto con más de 3.464 detenidos de la Franja de Gaza, entre los que hay más de 1.886 detenidos en virtud de la ley sobre 'combatientes ilegales'", señala Addameer, que significa "conciencia" en árabe. La ONG utiliza datos del Servicio Israelí de Prisiones, que gestiona las cárceles israelíes, y de las familias de presos.
Estas estadísticas no incluyen a todos los detenidos de Gaza que han sido objeto de desaparición forzada, dice a BBC Mundo la abogada Tala Nasir, que trabaja con la organización.
La ley de combatientes ilegales fue aprobada en Israel en 2002 y define esta figura como "toda persona que ha participado directa o indirectamente en actividades hostiles contra el Estado de Israel, o que es miembro de una fuerza que perpetra actos hostiles contra el Estado de Israel", pero que no tiene derecho al estatus de prisionero de guerra contemplado en el derecho internacional humanitario.
Para Addameer y otras organizaciones de derechos humanos, el hecho de que se haya duplicado la cifra de presos desde el inicio de la guerra demuestra que Israel "utiliza la detención como herramienta de represión y control contra los palestinos, así como una forma de castigo colectivo destinado a presionar a los partidos políticos palestinos durante las negociaciones de intercambio de prisioneros", señala el organismo.
Israel clasificó a Addameer como organización “terrorista” en 2021 junto a otros cinco grupos de derechos humanos palestinos, una designación que tanto la ONU como otros organismos internacionales de derechos humanos rechazaron.
La detención administrativa es un procedimiento que permite al ejército israelí mantener a los prisioneros “sin cargos, sin juicio, de forma indefinida, bajo un sumario secreto, así que ni hay juicio justo, ni garantía y, a veces, ni siquiera juicio”, explica la abogada palestina.
Israel se basa en tres leyes diferentes para llevar a cabo este tipo de arrestos, que pueden prolongarse hasta dos años, según las asociaciones de derechos humanos.
“Supuestamente está pensado para situaciones extremas en las que hay, por ejemplo, una bomba y tienes que impedir que alguien haga algo concreto, pero Israel lo utiliza de una forma mucho más libre, y esto es claramente una violación de los derechos humanos”, explicó Roy Yellin, del Centro Israelí de Información para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem), en una entrevista con BBC Mundo tras el primer intercambio de presos ocurrido en noviembre de 2023.
En esta situación se encuentran también niños.
Como Cisjordania y Jerusalén Este se encuentran bajo ocupación israelí y la jurisdicción de su Ejército, los palestinos que son arrestados en estos territorios son sometidos a juicios militares.
“Son tribunales en los que el juez es un soldado y el fiscal también. Es un sistema que no se considera demasiado justo”, denuncia Yellin.
El experto explica que, en muchos casos, los acusados prefieren aceptar los cargos para tratar de lograr su libertad con mayor rapidez.
"Israel mantiene a los palestinos detenidos hasta el final del proceso y algunos, si han sido arrestados por cosas como arrojar piedras, algo por lo que en Israel nadie sería jamás imputado, prefieren aceptar unos meses de cárcel que someterse a un proceso que puede ser mucho más largo y en el que estarán todo ese tiempo en prisión", asegura.
Según los datos que barajan B’Tselem y otras organizaciones, la mayoría de las ofensas que cometen los palestinos “no son crímenes como asesinato o violación, sino delitos como arrojar piedras a soldados o incluso participar en una protesta, porque los palestinos no tienen derecho a participar en manifestaciones contra la ocupación”, señala Yellin.
Según Save the Children, los palestinos son los únicos niños del mundo que son "procesados sistemáticamente por tribunales militares". La organización estima que, en los últimos 20 años, unos 10.000 menores palestinos han sido recluidos en el Sistema de detención militar israelí.
El establecimiento de estos tribunales militares, según afirmó el ejército israelí a BBC Mundo, "está reconocido por la Cuarta Convención de Ginebra y su funcionamiento cumple con todas las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional".
De acuerdo con esta legislación, que está regulada, entre otras, por la "Orden sobre disposiciones de seguridad" (Orden Militar 1651), los niños de hasta 12 años pueden ser juzgados y encarcelados. En Israel, la edad mínima de responsabilidad penal también es de 12 años.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
