Con 52 votos a favor, el Parlamento despachó la reforma que excluye a militares y policías de la justicia ordinaria y restringe la calificación de crímenes de lesa humanidad, ignorando las advertencias de la ONU.
El Congreso de Perú aprobó una ley que refuerza la protección jurídica de militares y policías y que establece que los delitos de asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados crímenes de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un "ataque generalizado" o "sistemático" contra la población civil.
La iniciativa fue aprobada en una segunda votación tras obtener 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, según informó el Parlamento peruano.
La reforma modifica el Código Penal Militar Policial, tiene efectos sobre el Nuevo Código Procesal Penal y establece que los integrantes de las fuerzas armadas y policiales que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones quedarán excluidos de la jurisdicción ordinaria.
La aprobación de esta legislación se produce mientras continúa el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, proceso que, hasta el momento, sitúa a la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por una diferencia cercana a los 40.000 votos.
Asimismo, los parlamentarios desestimaron las advertencias realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien alertó sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos derivadas de esta reforma.
La iniciativa legislativa fue impulsada, además, por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, en representación de cientos de militares que fueron procesados por la comisión de graves delitos durante la dictadura de Alberto Fujimori.
La resolución también impide que se dicten sentencias firmes en la justicia ordinaria y establece un mecanismo de asimilación penal que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha calificado como preocupante.
La organización advirtió que, durante las décadas de los años 80 y 90, la justicia militar fue utilizada para proteger a efectivos involucrados en violaciones a los derechos humanos y archivar casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
PURANOTICIA