La condena se produce tras casi dos décadas de proceso judicial en su contra en el marco de un caso conocido como "Petrocontratos".
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La Justicia de Bolivia ha condenado este martes a seis años y tres meses de cárcel al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la firma ilícita de contratos con compañías petroleras durante su segundo y corto mandato al frente del país, que tuvo lugar entre los años 2002 y 2003.
Así lo ha anunciado la Fiscalía del país, que ha indicado en un comunicado que la condena se produce tras casi dos décadas de proceso judicial en su contra en el marco de un caso conocido como "Petrocontratos".
"Después de haber transcurrido casi 20 años de la presentación de la denuncia (...), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conformado en su Sala Plena, emitió sentencia condenatoria, imponiéndose la pena privativa de libertad", ha indicado la Fiscalía, que ha matizado que la Justicia ha dispuesto que el expresidente debe cumplir su condena en el centro penitenciario San Pedro de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz.
No obstante, Sánchez se encuentra fuera de Bolivia, en Estados Unidos, donde fue condenado en 2018 junto al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por su implicación en la muerte de decenas de civiles durante las protestas que tuvieron lugar en octubre de 2003 antes de que finalizara su mandato, por lo que ordenó a ambos compensar a las víctimas y sus familiares con 10 millones de dólares (9,5 millones de euros).
El expresidente, conocido por el sobrenombre de "Goni", tiene también la nacionalidad estadounidense y actualmente sigue en el país norteamericano, hasta el que se trasladó en 2003 tras la llamada guerra del gas, un conflicto social en torno a la explotación del yacimiento de Tarija y que se remontaba a la década de los 90.
Sánchez, cuyo primer mandato como presidente comenzó en el 93 y duró hasta el 97, apostaba por exportar hidrocarburos a Chile, mientras que muchos se oponían a esta medida y abogaban por suplir las necesidades del mercado interno boliviano.
A finales de 2008 el Gobierno de Bolivia presentó una solicitud de extradición a Estados Unidos para que el expresidente sea entregado y juzgado en el país latinoamericano, si bien el Departamento de Estado rechazó la petición en 2012 alegando que las acciones de Sánchez no constituyen un delito en territorio estadounidense. Sin embargo, la Justicia de Estados Unidos aún no ha resuelto la solicitud de extradición en su contra por el segundo caso, el de las protestas de 2003.
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