El Presidente trasandino destacó la anulación de una sentencia que obligaba al país a pagar US$ 16.100 millones y anunció una reforma legal para evitar futuras crisis por expropiaciones.
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La administración de Javier Milei recibió con optimismo la resolución de la justicia de Estados Unidos, que dejó sin efecto un fallo de primera instancia relacionado con la nacionalización de la petrolera YPF. Esta decisión judicial exime a Argentina de desembolsar 13.975 millones de euros (equivalentes a 16.100 millones de dólares), una cifra que el mandatario calificó como un riesgo crítico para la estabilidad financiera del país.
En declaraciones a la televisión pública, Milei manifestó su alivio por el dictamen, asegurando que "habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica". El jefe de Estado enfatizó el carácter excepcional del resultado: "Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos".
El mandatario vinculó este éxito a la gestión de sus equipos técnico y diplomático, quienes lograron revertir lo que describió como una "aventura suicida" heredada de gobiernos anteriores. Según su visión, el país estuvo al borde de quedar "sin YPF y con un Estado fundido". Milei apuntó sus críticas hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señalándolos como los rostros de una política irresponsable que elevó el riesgo país y frenó el crecimiento.
Respecto al impacto a largo plazo de la disputa, el líder libertario fue tajante: "Es importante considerar el precio inconmensurable que Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico. Hay una verdad irrefutable, expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia".
Como respuesta a este escenario, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley nacional de expropiaciones. El objetivo es blindar al Estado contra futuras disputas legales y asegurar "seguridad jurídica" para atraer inversiones. "Argentina va a salir. Argentina va a ser grande nuevamente", vaticinó el presidente, añadiendo que "esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla. En adoptar el modelo opuesto, los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron".
La controversia se originó en 2012, cuando bajo la presidencia de Fernández de Kirchner se nacionalizó el 51% de la compañía, entonces controlada por la española Repsol. El litigio escaló a los tribunales estadounidenses en 2025, promovido por los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos demandantes exigían una indemnización tras adquirir los derechos de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que poseían un 25% de las acciones y sostenían que Argentina debió lanzar una OPA.
Finalmente, el tribunal de apelaciones en EE.UU. determinó que la sentencia previa se basó en una interpretación errónea de la legislación argentina, validando los argumentos presentados por la defensa del Estado. Milei recordó que, aunque el juicio se inició con el kirchnerismo, la derrota en primera instancia ocurrió durante el periodo de Alberto Fernández.
PURANOTICIA
