Editorial: Transparencia municipal: ¿Qué tienen que ocultar los municipios que no cumplen?

La transparencia no es una concesión de los alcaldes ni una demostración de buena voluntad de las administraciones municipales. Es una obligación legal y, sobre todo, un derecho de los ciudadanos que financian con sus impuestos el funcionamiento de cada municipio.

Por eso, los resultados del último ranking del Consejo para la Transparencia deberían encender las alarmas en la región de Valparaíso. Mientras El Quisco, Cabildo y San Esteban alcanzaron el 100% de cumplimiento, Catemu apenas llegó al 49,93%, ubicándose entre las tres municipalidades con peores resultados de todo Chile.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que algunos municipios sean capaces de cumplir completamente con sus obligaciones de información pública, mientras otros ni siquiera alcanzan la mitad?

No estamos hablando de un asunto menor. Hablamos del derecho de los vecinos a conocer cómo se gastan los recursos, qué contratos se suscriben, a quiénes se contrata y en qué condiciones se administra el dinero público.

Más preocupante todavía resulta que, a nivel nacional, las mayores deficiencias se concentren precisamente en información presupuestaria, adquisiciones y contrataciones. Es decir, en materias donde la transparencia debería ser especialmente rigurosa.

Y aquí corresponde hacer una distinción fundamental: un bajo cumplimiento en transparencia no significa necesariamente que exista corrupción, pero sí representa una señal de alerta que ninguna autoridad responsable debería minimizar.

Porque cuando la información pública no está disponible, o bien se encuentra incompleta o desactualizada, se debilita la capacidad de fiscalización de los ciudadanos y se abre espacio a la sospecha.

Los alcaldes no pueden exigir confianza mientras sus administraciones incumplen obligaciones básicas de información, ni tampoco pretender que estos resultados se reduzcan a un mero problema administrativo que se resuelve en silencio entre funcionarios.

La transparencia es una responsabilidad política y quienes encabezan los municipios deben responder por ella.

Desde Puranoticia.cl creemos que los municipios con resultados deficientes deben explicar públicamente las razones de sus incumplimientos, establecer plazos concretos para corregirlos y rendir cuentas sobre sus avances. Los concejos municipales, por su parte, tienen el deber de ejercer su función fiscalizadora.

Asimismo, corresponde reconocer a aquellas comunas que lograron el cumplimiento total. Sus resultados demuestran que las exigencias legales pueden cumplirse y que no estamos frente a una meta imposible.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen las autoridades con los recursos que administran. No debería requerir de una investigación periodística, una denuncia o una solicitud especial para acceder a información que la ley exige publicar.

Porque el dinero municipal no pertenece a los alcaldes: pertenece a los ciudadanos. Y quien administra recursos públicos tiene la obligación ineludible de explicar cómo los utiliza.

La transparencia no debería ser motivo de felicitaciones extraordinarias; debería ser el mínimo exigible a cualquier autoridad que pretenda gobernar con responsabilidad.