Editorial: Nuevamente La Moneda se pone amarilla: no es capaz de ponerse colorado ni una vez

El dicho tradicional dice que ‘’más vale ponerse una vez colorado que cien veces amarillo’’; sin embargo, una vez más, en La Moneda y en el Gobierno de José Antonio Kast eligieron el color amarillo.

No se puede creer que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, haya permitido que 27 personas condenadas por abuso sexual de menores y 29 personas acusadas de violación —incluyendo a dos reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad— hayan recibido rebajas en sus condenas.

Menos podemos permitir que, al ser encarado, él haya entregado frases tales como: ‘’Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema'' o ''Es un problema de aplicación de la ley’’. Pese a que intentó desmarcar al presidente Kast de la firma de estos decretos, lo concreto es que este episodio sucedido en este Gobierno deja de manifiesto la incapacidad de decir: ‘’Nos equivocamos’’.

Hasta el cierre de esta editorial, ningún miembro de la primera línea del Gobierno de José Antonio Kast ha calificado formalmente el hecho como un ‘’error’’ propio. La estrategia comunicativa de las autoridades se ha centrado en defender la legalidad de los actos, apuntar a un vacío en la legislación y culpar a interpretaciones de la Corte Suprema, optando por corregir el rumbo administrativamente antes que hacer un mea culpa explícito.

Pero la propia presidenta de la Corte Suprema los desmintió. Gloria Ana Chevesich desmarcó al Poder Judicial de la responsabilidad directa de las medidas, aclarando que fue el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien dictó los decretos de rebaja de penas en ejercicio de las facultades administrativas de su propia cartera.

Pese a que Rabat reversó la medida, en términos prácticos, estos 56 sujetos que ya fueron beneficiados con la baja de sus condenas no volverán a las cárceles. De aquí en adelante solo se suspende la tramitación de nuevos decretos de rebaja de penas; es decir, lo hecho, hecho está.

Esta verdadera derrota política del Gobierno y el vergonzoso actuar del ministro de Justicia arrastran también el rol de los seremis de Justicia de cada región. Acá, los secretarios regionales ministeriales jugaron un rol operativo clave en cada una de las regiones del país, ya que actúan como el primer filtro institucional en la evaluación de estas solicitudes.

Las rebajas de pena aplicadas por la Ley N.º 19.856 no se deciden a ciegas desde Santiago, sino que nacen de evaluaciones locales. En el caso de nuestra región, son dos los casos de personas condenadas por abusos sexuales a menores que hoy quedaron en libertad; algo que el seremi de Justicia permitió que pasara y que el ministro permitió que sucediera. Ambas figuras fueron puestas ahí por el presidente José Antonio Kast.

El nudo crítico en el que se ven envueltas las seremías radica en que, durante la administración anterior, el Ministerio de Justicia ordenaba rechazar sistemáticamente estas rebajas a los condenados por delitos sexuales contra menores, apelando a la ley de exclusión de 2022. Al cambiar el gobierno y asumir las nuevas directrices de Fernando Rabat, las seremías y las comisiones regionales se alinearon con el nuevo criterio administrativo pro-beneficio.

Esto permitió procesar y dar luz verde a los requerimientos de pederastas y violadores cuyas agresiones ocurrieron antes de 2022, derivando en los 56 decretos que hoy tienen a la mayoría de estos sujetos en libertad. Una verdadera vergüenza de un Gobierno que no sabe ponerse colorado y sigue excusándose cada vez que se equivoca.