El Gobierno del Presidente José Antonio Kast pretende instalar el congelamiento de los combustibles como una gran victoria política y un sacrificio económico en favor de los chilenos. Sin embargo, hay una realidad que el relato oficial parece dejar en segundo plano: el precio internacional del petróleo ha retrocedido y las proyecciones apuntan a una moderación adicional durante 2027.
La pregunta es incómoda, pero indispensable: ¿cuánto mérito puede atribuirse La Moneda por evitar alzas que, bajo determinadas condiciones del mercado, podrían no producirse? ¿Y cuánto del alivio que se promete habría llegado igualmente a los consumidores sin este anuncio?
El analista Felipe Vergara puso el dedo en la llaga en Puranoticia Matinal al cuestionar que el Ejecutivo hable de un esfuerzo extraordinario precisamente cuando el crudo muestra señales de baja. Su observación obliga a distinguir entre una política pública efectiva y una operación comunicacional diseñada para capitalizar políticamente una tendencia externa.
Por supuesto, no basta con que caiga el valor del barril para que las bencinas bajen de inmediato en Chile; influyen el dólar, los precios de los combustibles refinados, los impuestos y el MEPCO. Tampoco las proyecciones internacionales garantizan que los valores disminuyan durante cada semana del congelamiento. Pero, justamente por eso, el Gobierno debe mostrar los números y no limitarse a celebrar el anuncio.
Si se comprometen cientos de millones de dólares de recursos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer el costo efectivo de la medida, el escenario de precios sin intervención y el ahorro adicional que realmente obtendrán. Sin esa comparación, hablar de un gran sacrificio fiscal es pedir un cheque en blanco a la opinión pública.
El contexto tampoco es irrelevante. Tras las alzas y la presión de los transportistas, el Ejecutivo necesitaba dar una señal de control político. Congelar los precios ofrece un titular atractivo y proyecta una imagen de autoridad. Pero un buen titular no equivale a una buena política, y la necesidad de mostrar resultados no autoriza a apropiarse de beneficios que podrían explicarse, al menos en parte, por el mercado internacional.
El Gobierno debe transparentar sus cálculos y comprometerse a que cualquier baja efectiva se refleje en el precio que pagan las familias. La ciudadanía no necesita una ceremonia de autocomplacencia: necesita precios más bajos y cuentas claras.
Impedir que suba lo que podría bajar no es, por sí solo, una hazaña, y presentar como triunfo propio un alivio que todavía no se ha demostrado es más propaganda que gestión. No olvidemos que, en el pasado, la credibilidad de las promesas terminó confundiéndose con metáforas; no queremos que ahora ocurra lo mismo.