Editorial: Cuando el libre mercado deja solos a los pequeños camioneros

La propuesta de Juan Sutil de establecer una tarifa mínima objetiva por kilómetro recorrido para los transportistas abre un debate mucho más profundo que el conflicto por el precio del diésel. Pone sobre la mesa una contradicción que durante años ha acompañado al modelo económico chileno: la libertad de mercado no siempre significa igualdad de condiciones para quienes participan en él.

Resulta especialmente significativo que sea un expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quien plantee la necesidad de una intervención estatal para proteger a los pequeños camioneros. No porque la propuesta sea equivocada, sino porque evidencia que incluso desde el propio empresariado comienza a reconocerse que existen mercados donde la capacidad de negociación está seriamente desequilibrada.

En el transporte de carga, particularmente en los puertos de San Antonio y Valparaíso, los pequeños empresarios deben enfrentar costos crecientes de combustible, mantención, financiamiento y operación. Sin embargo, no siempre tienen la capacidad de trasladar esos incrementos a quienes contratan sus servicios.

Mientras los grandes operadores logísticos cuentan con estructuras financieras y comerciales capaces de absorber o negociar las variaciones del mercado, muchos transportistas independientes terminan aceptando condiciones que comprometen la viabilidad de sus negocios.

Y aquí aparece la pregunta de fondo: ¿por qué el costo de las crisis debe terminar recayendo sobre el eslabón más débil de la cadena logística?

La denominada tarifa de seguridad, respaldada también por dirigentes camioneros, merece ser estudiada seriamente. No obstante, establecer un precio mínimo no puede transformarse simplemente en una solución administrativa que termine trasladando mayores costos a los consumidores sin corregir las distorsiones que originan el problema.

También corresponde preguntarse dónde ha estado el gran empresariado durante todos estos años, pues las condiciones que hoy denuncia Sutil no aparecieron con la última alza del combustible. Son parte de una estructura comercial que ha permitido concentrar el poder de negociación en determinados actores, mientras miles de pequeños transportistas compiten por sobrevivir.

El Gobierno tiene ahora una oportunidad para abordar esta discusión con una mirada estructural, evaluando mecanismos transparentes de cálculo de costos, condiciones contractuales y protección efectiva frente a eventuales abusos, sin eliminar la competencia ni perjudicar a los consumidores.

El verdadero debate no consiste únicamente en determinar cuánto debe cobrar un camión por kilómetro recorrido, sino en establecer si Chile quiere una economía donde los pequeños empresarios puedan competir en condiciones razonables o una donde la supervivencia dependa de aceptar las reglas impuestas por quienes concentran el poder económico.

La propuesta de Sutil tiene un mérito indiscutible: obliga a reconocer que el mercado, cuando funciona con profundas asimetrías, no siempre se regula solo. Admitirlo desde el propio gremio empresarial es, probablemente, la noticia más relevante de esta discusión.