El curioso análisis de Ripamonti que omite anomalías detectadas por Contraloría en las cámaras: "Todas se han desestimado"

Un total de nueve denuncias se presentaron ante la Contraloría Regional de Valparaíso, en el marco del contrato adjudicado por el Municipio de Viña del Mar a la empresa Ingesmart S.A. para proveer del servicio de 122 cámaras de televigilancia y reforzar de esta manera la sensación de seguridad en la comuna de más de 300 mil habitantes.

Siete de ellas fueron presentadas por el diputado Andrés Celis Montt (RN), una por el concejal viñamarino Sandro Puebla Veas (Ind.-PS) y la última por parte de Javiera Rodríguez Cerda, representante de la empresa Proyectos y Soluciones Técnicas SpA «Diebold Security», quienes acusaron presuntas irregularidades en el proceso.

De esos nueve hechos, ocho fueron analizados por la Contraloría, que concluyó que en cuatro no hay reproches y que el actuar de la Municipalidad se ajustó a derecho y/o a las bases de licitación; mientras que los otros cuatro recibieron observaciones que van desde "medianamente complejas" a "complejas", por lo que se le ordenó a la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti que instruya un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias.

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Bajo este contexto, la Municipalidad de Viña del Mar emitió un comunicado público refiriéndose parcialmente a las conclusiones contenidas en el informe al cual este miércoles 7 de junio accedió Puranoticia.cl, asegurando que "Contraloría desestima denuncias a licitación", omitiendo de esta forma las otras cuatro anomalías. Esto da cuenta del modus operandi de la alcaldesa Ripamonti, quien durante su gestión se ha negado a dar entrevistas a este medio, a pesar de las innumerables solicitudes.

El órgano de control desestimó las denuncias en torno a la propuesta del Municipio de contratar vía trato directo los servicios de televigilancia a la empresa Ingesmart S.A. y un eventual trato preferencial con dicha firma, en el contexto de la licitación pública posterior, por haber tenido contacto con su gerente en el primer proceso.

Sobre el primer caso, la Contraloría Regional de Valparaíso recordó en su informe que dicha iniciativa fue desestimada por el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín y, por consiguiente, no se concretó; mientras que del segundo hecho, el ente fiscalizador dijo que "no se advirtió impedimento legal para dichas gestiones".

La tercera denuncia desestimada dice relación con la decisión de la comisión evaluadora de declarar inadmisibles las ofertas de cuatro de las seis empresas que participaron en la licitación pública, por haber omitido acompañar la declaración jurada que se exige en las bases. Contraloría estableció que "tal medida se adoptó respecto de todos los participantes incumplidores -por un error que les es atribuible-, sin distingos".

Cabe hacer presente que las primeras tres denuncias desestimadas fueron presentadas por el diputado Andrés Celis; mientras que la cuarta, de la empresa «Diebold Security», sobre la falta de antecedentes requeridos en las bases, se descartó porque "la comisión evaluadora se ajustó en su actuar a lo ordenado" en las bases administrativas.

Lo que no cuenta el Municipio de Viña del Mar en su comunicado público es que hubo cuatro denuncias que sí fueron acogidas por la Contraloría Regional, cuyas observaciones fueron calificadas como "medianamente complejas" y "complejas".

Una de ellas indica que la propuesta de Ingesmart S.A. no consideraba una solución técnica a los elementos de megafonía o interfonía, cuestión solicitada en las bases técnicas de la licitación. Al respecto, el ente fiscalizador determinó que la casa edilicia viñamarina tendrá que adoptar las medidas que resulten procedentes para que en futuros procesos licitatorios "las bases sean consistentes en todas sus partes, sin contener ambigüedades como las observadas".

Otra anomalía detectada en torno al proceso da cuenta que Ingesmart S.A., si bien, ofertó el plazo máximo de 60 días previsto en las bases para la instalación de las cámaras, lo concreto es que la carta Gantt de su propuesta consideró para este efecto un plazo de 75 días. Ante este incumplimiento a las bases administrativas, la Contraloría determinó que el proceso "no se ajustó a lo dispuesto" en las bases.

Además de los dos incumplimientos a las bases, otra denuncia apuntaba a que la firma no cumplió el plazo para instalar las cámaras. Ante ello, Contraloría estableció que el órgano comunal deberá cursar las multas a Ingesmart S.A.. El cumplimiento de dicha instrucción deberá ser acreditado; de lo contrario, advirtieron que iniciarán una fiscalización para examinar las cuentas respectivas, con su respectivo reparo.

Vale mencionar que ante estas tres denuncias del diputado Celis, el órgano de Control ordenó al autodenominado «Municipio de Cuidados» que adopte medidas para evitar que se repitan las anomalías ya mencionadas y; por otra parte, inicie un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por estos hechos. Además, dicho acto administrativo deberá ser remitido a la Fiscalía de Contraloría.

Como ya se dijo, fiel al estilo de lo que ha sido su gestión al mando del Municipio de Viña del Mar, y utilizando un mecanismo similar al de Virginia Reginato, quien sólo se comunicaba con los medios a través de puntos de prensa y nunca en entrevistas –aunque Ripamonti suele hablar y darle las exclusivas a los dos diarios de papel y una emisora regional–, la jefa comunal se refirió al informe de Contraloría.

Junto a indicar que "nos encontramos satisfechos y felices por el resultado" de las conclusiones expresadas por la Contraloría, la máxima autoridad comunal expuso que "hace casi ya dos años, políticos (el diputado Celis y el concejal Puebla) y empresas («Diebold Security») hicieron denuncias sobre el sistema de licitación de cámaras de televigilancia en Viña del Mar y todas ellas se han desestimado".

Pese a que ya se demostró la omisión del Municipio a la hora de hacer un análisis sobre lo dictaminado por Contraloría, la Alcaldesa de Viña del Mar continuó diciendo que el órgano fiscalizador concluyó que "la licitación fue adjudicada de forma correcta, proba, transparente y adecuada. Además, que cursamos multas de manera oportuna y que los reclamos de dos empresas estaban fuera de lugar".

Finalmente, la militante de Revolución Democrática subrayó que "coincidimos plenamente en lo que se ha resuelto", agregando que "esperamos también que los requirentes hagan público este resultado, tal como divulgaron fuertemente en su momento, la presentación a la Contraloría, la que hoy nos da la razón".

PURANOTICIA