Lunes 13 de noviembre de 2023 13:31
«Caso Convenios» golpea al UDI Tomás Ochoa: Ex director del Serviu en Valparaíso cuestionado por presunta falta a la probidad
En febrero de 2022, el entonces titular del Serviu en Valparaíso solicitó recursos para ejecutar convenios en la región, uno de los cuales benefició a la Fundación Procultura, la que en diciembre de ese año –ya con él fuera del organismo– suscribió otro contrato con una empresa en la que el militante gremialista aparece como socio principal.
Tras explotar a nivel nacional el denominado «Caso Convenios», la Contraloría Regional de Valparaíso dio inicio a una fiscalización, tanto a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda como al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, respecto a las transferencias de recursos públicos realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023 a entidades privadas, en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.
Esto dio paso a una minuciosa auditoría, planificada en consideración a los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso, en virtud de convenios con diversos organismos. En ese sentido, en el Oficio Final N° 696-A, de 2023, –al cual accedió Puranoticia.cl–, la entidad de control afirma que también se constató la participación del Serviu de Valparaíso en la propuesta de iniciativas de inversión al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), elección de entidades privadas para su ejecución y aprobación de los aspectos técnicos durante la ejecución de los proyectos.
Parte de los detalles que entrega el documento fueron expuestos por el contralor Jorge Bermúdez, quien ante la comisión investigadora del «Caso Convenios» en la Cámara de Diputados apuntó a la totalidad de las Seremis de Vivienda del país por haber cometido irregularidades en el marco del traspaso de fondos públicos a entidades privadas, donde la región de Valparaíso no fue la excepción, pues dos figuras clave del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentran inmersas de lleno en la polémica: por un lado, se encuentra la actual seremi Belén Paredes Canales; mientras que por el otro aparece el ex director regional del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa Capelli.
En primer lugar, se comprobó la existencia de 12 convenios con asignación directa de recursos por parte de la Seremi de Vivienda y el Serviu de Valparaíso, con entidades privadas sin fines de lucro, los cuales se realizaron sin que los actos administrativos que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten los motivos que lo justificaron.
Esta situación no se ajusta al artículo 9° de la ley N° 18.575, por lo que ambas entidades públicas deberán proceder a adoptar las medidas que correspondan a fin de implementar el procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios (PAP), conforme a lo dispuesto en la resolución del Minvu.
De igual forma, se verificó que para los planes de trabajo generales establecidos con la fundación Enred, la Seremi y el Serviu requirieron identificar las acciones a ejecutar en el marco de los convenios y la cantidad de recursos destinados una vez que los acuerdos ya fueron suscritos, lo que contradice lo establecido en la resolución exenta N° 1.962, de 2022 y artículos de la ley Nº 18.575.
Por este motivo, se les ordenó a ambos servicios públicos que establezcan las medidas de control que correspondan para exigir que los planes de trabajo sean presentados por las fundaciones como un antecedente necesario para participar en los procesos concursales pertinentes, debiendo ser exigido en las bases pertinentes. Además, se les ordenó informar las acciones adoptadas para tal efecto.
También se constató que para los convenios suscritos con seis entidades privadas, que ni las resoluciones ni los respectivos convenios mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos mencionados a dicha fundación, así como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección, lo que es contrario a ley N° 18.575. Por ello, ambas entidades públicas deberán tomar acciones para evitar situaciones como la observada.
Una de las entidades privadas cuestionadas en el marco del «Caso Convenios» ha sido la Fundación Procultura, la cual también salió al ruedo en el informe de Contraloría, que verificó que no contaban con la experiencia en las actividades encomendadas en los convenios suscritos con la Seremi y Serviu de Valparaíso, equivalentes a $248 millones.
Otra situación detectada en torno a la Fundación Procultura tiene que ver con la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, cuyo socio principal es el ex director del Serviu de Valparaíso, Tomás Ochoa Capelli (UDI). La firma del ex titular de la entidad durante el segundo Gobierno de Piñera contaba con cinco meses de constitución al ser suscrito el contrato con Procultura, quien mantenía un convenio suscrito tanto con la Seremi como con el Serviu de Valparaíso, ambos de 2022, para solicitar recursos entre los cuales se encontraba este acuerdo.
Además, se estableció que el ex Director del Serviu en Valparaíso solicitó en febrero de 2022 –cuando aún estaba en el cargo– recursos para ejecutar convenios a desarrollarse en la región, entre los cuales se encontraba el materializado en diciembre de 2022 con la Fundación Procultura. Y es que, al ser titular del Serviu y luego participar en la empresa beneficiada, este hecho podría configurar algún conflicto de intereses y/o infracción al principio de probidad respecto de los funcionarios públicos que se desempeñan en el Servicio de Vivienda y Urbanización que él dirigía.
Ante esta situación, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó al Serviu que revise la procedencia de un eventual término de convenio, lo cual deberá ser informado en 60 días. Además, se instruyó que tanto el Serviu como la Seremi de Vivienda deberán atenerse a las directrices y procedimientos definidos en resolución exenta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tendientes a resguardar el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de interés.
Vale mencionar que el ingeniero constructor de la Universidad Católica de Valparaíso, militante de la UDI, asumió el cargo en noviembre de 2018, bajo la administración Piñera; y se mantuvo en él hasta abril de 2022, ya en la gestión Boric. Lo último que se supo del profesional –muy cercano a lo que fue la administración Reginato en Vina del Mar– es que trabaja como gerente en la inmobiliaria Auco SpA, la cual estaría detrás del proyecto de nuevo edificio consistorial para la Municipalidad de Concón, entidad que administra el alcalde Freddy Ramírez, a la cual llegó gracias a un vínculo con César Sanhueza, ex jefe de gabinete del jefe comunal, quien además trabajara en el Serviu durante la administración Ochoa en dicho servicio público.
En otra de las irregularidades detectadas, se demostró que en los proyectos asignados a las fundaciones Posible Otro Chile, Arquiduc, Techo para Chile y Vivienda, no se entregaron antecedentes quer permitan una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas y sus tiempos de ejecución, motivo por el cual se les ordenó a la Seremi y al Serviu que verifiquen al firmar acuerdos que estos cuenten con las situaciones señaladas.
La auditoría de la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado también detectó que la Seremi de Vivienda de Valparaíso requirió la restitución de 254 millones de pesos ($254.375.000) por término anticipado de tres convenios suscritos con la fundación Enred, sin que se establezca un plazo para que estos sean reintegrados. Por ello, se instruyó que deberán arbitrar las medidas y diligencias para concluir el proceso y obtener las restitución total o parcial de los fondos transferidos.
Cabe hacer presente que por la totalidad de irregularidades expuestas hasta el momento, además, la Contraloría Regional de Valparaíso anunció que instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos.
Otras observaciones del organismo de control apuntan a una falta de procedimiento formal para la selección de las fundaciones que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, situación que deberá ser subsanada. También se habla de ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia. Además, la Seremi y el Serviu de Valparaíso deberán adoptar medidas sobre el control de los recursos transferidos, para que exista una relación directa entre la programación financiera, los hitos de control y los avances de la ejecución.
Sobre la falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto que, a su vez, fundamentan el monto de las transferencias, se ordenó a ambas entidades públicas implementar los procedimientos para la estimación de costos. De igual forma, la auditoría detectó una falta de manuales de procedimientos que regulen el proceso de asignaciones directas de los programas, así como la ejecución de estos. A ello se suma una falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios.
También mencionan la falta de procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés, por lo que se les ordenó atenerse a las directrices y procedimientos definidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tendientes a resguardar el principio de probidad y la prevención de conflictos de interés.
Contraloría también ordenó establecer las actividades de control que toma la Seremi de Vivienda en las rendiciones efectuadas a través de planillas Excel. Finalmente, respecto a la falta de registros de aporte de recursos, según lo establece la ley N° 19.862, se ordenó a la Secretaría Regional Ministerial que defina un procedimiento de control para velar por el efectivo y oportuno registro de la información en el Registro Central de Colaboradores del Estado, así como regularizar los registros respectivos.
Cabe hacer presente que todas las conclusiones a las que arribó Contraloría mediante su auditoría, fueron remitidos tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Valparaíso, además de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y al propio Ministerio. Y considerando que todos estos hechos están siendo investigados actualmente por el Ministerio Público, se remitió copia del informe al Consejo de Defensa del Estado.
PURANOTICIA