Jueves 1 de febrero de 2024 14:27
Ordenan detención de ex Alcaldesa UDI de Hijuelas: Verónica Rossat en el ojo del huracán tras no llegar a audiencia por querella
La actual concejala fue querellada por injurias con publicidad, en el marco de la remoción de la ex administradora municipal Diana Vildósola. Audiencia se efectuó este jueves 1 en La Calera, sin embargo la edil gremialista no llegó a la cita, por lo que se ordenó su captura.
Un complejo escenario judicial es el que está enfrentando la ex alcaldesa de Hijuelas, y actual concejala por la misma comuna, Verónica Rossat Arriagada, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego que el Juzgado de Garantía de La Calera ordenara la detención de la autoridad de esta comuna de la región de Valparaíso.
El origen de esta controversia que sacude a la provincia de Quillota está en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Hijuelas, efectuada el pasado 3 de noviembre de 2023, instancia donde por cuatro votos a favor –incluido el de Rossat– se decidió la remoción del cargo de administradora municipal a Diana Vildósola Barraza.
A partir de esta decisión, la ahora ex funcionaria municipal acudió al abogado Nicolás Pavez para iniciar dos cursos de acción en el plano judicial frente a lo sucedido: primero, presentar un recurso de protección, por considerar que la remoción de Vildósola fue "ilegal y arbitraria"; y también, entablar una querella por el delito de injurias con publicidad, debido a unas declaraciones efectuadas por la concejala Rossat.
"La concejala Rossat hizo una serie de dichos contra Diana y, en ese contexto, presentamos una querella por injurias con publicidad, porque el Concejo Municipal era público y televisado", indicó el abogado a Puranoticia.cl.
Respecto al primer camino, éste se encuentra en análisis de la Corte de Apelaciones, luego que la Corte Suprema diera curso a su admisibilidad. En cuanto a la segunda vía de acción, el pasado 5 de enero se le notificó a Rossat acerca de la querella, indicándole que este jueves 1 de febrero se realizaría la audiencia respectiva.
No obstante, la edil UDI no llegó: "La Concejala no se presenta y su defensa no da explicaciones de por qué no va, y nosotros pedimos su detención porque se ajusta a derecho: es una persona que ha sido legalmente notificada y que no da explicaciones de por qué no va y la magistrada del Tribunal de La Calera accede a la orden de detención en el contexto de que es una persona que está legalmente citada a una audiencia por el delito de injurias con publicidad", explicó el jurista.
En tanto, la propia Diana Vildósola expuso que "la concejala Rossat profirió injurias contra mi persona y lo más fácil era dar vuelta la página, pero me parece que estos abusos de poder deben ser enfrentados. Por lo mismo, lamento mucho que no se haya presentado a la audiencia, porque es claro que en los tiempos que vivimos, de un desprestigio total de la política, nadie está sobre la ley. No es gratis enlodar a una persona y, por lo mismo, debe hacerse cargo de sus dichos".
Frente a esta decisión, el abogado Pavez señaló a Puranoticia.cl que "la orden de detención la pedimos nosotros, así que la tomamos bien, indudablemente". Sin embargo, reconoció que no esperaban que la magistrada acogiera la solicitud: "Al inicio de la audiencia señalábamos que nuestra pretensión en esta querella era que simplemente ella pidiera disculpas. No era nuestra pretensión detener a nadie, la verdad. Pero entendemos que el delito de injurias contempla esa posibilidad inicial, donde la persona que procede a la injuria, si pide disculpas públicas, el caso queda ahí".
Entonces, ¿qué procede? Son dos las opciones que se abren tras esta orden de detención: en primer lugar, que la concejala Verónica Rossat se acerque al tribunal a presentarse y que se le notifique a una nueva audiencia por la querella o; que sea detenida, ya sea en su domicilio o en la vía pública, orden que deberán ejecutar funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI). Ahora, en caso de ser condenada, la ex alcaldesa UDI Verónica Rossat arriesga una pena de hasta 541 días de presidio, además de una multa de hasta 20 UTM, correspondiente a $1.286.860, según el valor de febrero de la Unidad Tributaria Mensual.
PURANOTICIA