Ofician a Seremi y Superintendencia de Educación por hechos de violencia entre estudiantes de la región de Valparaíso

Con la finalidad de saber qué medidas están tomando la Seremi de Educación de la región de Valparaíso y la Superintendencia de Educación por los graves hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales, el diputado Andrés Celis Montt ofició a las entidades manifestando la preocupación de la comunidad escolar. 

En los documentos, el parlamentario detalla que el 24 de marzo, un estudiante de 16 años del Liceo Industrial de Valparaíso fue apuñalado afuera del establecimiento, presuntamente por un compañero y sin mediar provocación alguna. Al dia siguiente, 4 estudiantes del Liceo Ana María Janer de Viña del Mar fueron detenidos producto de una riña que se habría generado  porque un alumno, que tendría ya una denuncia previa por violencia sexual, habría estado mirando por una ventana a algunas alumnas, mientras se cambiaban de ropa para una actividad.

A lo anterior, se sumó la situación ocurrida en el Colegio San Rafael de Valparaíso, donde un estudiante de cuarto básico fue atado con una cuerda por sus compañeros, quienes luego le arrancaron parte de sus pestañas. Todo en el patio del colegio y en pleno horario de recreo. 

“Estos incidentes preocupan a la comunidad escolar y a la ciudadanía en general. Vemos cómo se ha bajado el perfil a estas conductas y que no se adoptan las medidas que permitan una solución definitiva. Es realmente alarmante observar los hechos de violencia que van en aumento, más aún si consideramos que los niños y adolescentes estuvieron casi dos años en sus casas, alejados de las aulas por la pandemia”, aseguró el diputado. 

“Oficié a la Seremi de Educación y a la Superintendencia también para saber qué acciones concretas están tomando o pretenden adoptar, que den una solución integral y que no debamos esperar situaciones aún más graves y traumáticas para que tomen cartas en el asunto”, agregó.

El parlamentario además, apoyó un proyecto de su par José Miguel Castro, que busca aumentar las sanciones y multas cuando los establecimientos ignoren los casos de bullying y, por ende, no adopten medidas las correctivas o disciplinarias de su reglamento interno y de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, Básica y Media. Iniciativa que considera multas de hasta 200 UTM y, de comprobarse reincidencia, el doble.

(Imagen referencial)

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