La historia de un horrendo crimen entre San Antonio y Quillota: cinco imputados por secuestro, homicidio y ocultamiento de cadáver

Una tensa audiencia de reformalización de cargos y cautela de garantías se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Antonio, en el marco de la investigación por la desaparición de Jordan Bravo Vásquez, un joven de 25 años que habría sido secuestrado por al menos cinco sujetos –todos en prisión preventiva– desde su domicilio, ubicado en la toma Alto Placilla de la ciudad porteña.

La reformalización de los cinco imputados se llevó a cabo luego que el Ministerio Público incluyera el delito de homicidio en la investigación, pues aseguran que la víctima fue llevada desde San Antonio hasta el sector de Mauco, en la comuna de Quillota, lugar donde se le dio muerte y se ocultó su cadáver. Todo esto debido presuntamente a un problema relacionado al tráfico de drogas.

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Además, la instancia estuvo fuertemente marcada por las críticas cruzadas entre la fiscal de San Antonio, Claudia Cancino, y el defensor de los imputados, Jean Duhalde, quienes se enfrascaron en una tensa discusión a raíz del tiempo que habría tomado la defensa para solicitar la carpeta investigativa al Ministerio Público.

Según lo expuesto por la fiscal Cancino en la audiencia, el 3 de febrero de 2022, Hugo Colorado Almanza, Jorge Colorado Almanza, Héctor Moreno Espinoza, Máximo Ramírez Villagra y Máximo Ramírez Dinamarca, previamente concertados para cometer el secuestro de la víctima, Jordan Bravo Vásquez, se dirigen en dos vehículos hasta su domicilio ubicado en la toma Alto Placilla, comuna de San Antonio. 

Desde Mauco, en Quillota, y a bordo de una camioneta Mitsubishi, color negra, se desplazan los dos sujetos de apellido Ramírez; mientras que desde la comuna de Colina, salen desde un automóvil Kía, color rojo, los otros tres sujetos –además de otro que está identificado pero no ha sido capturado– rumbo a San Antonio y premunidos todos de armas de fuego y elementos contundentes.

Una vez en la casa de la víctima, entre las 8:35 y las 8:44 del 3 de febrero, los sujetos ingresan a la vivienda mediante el uso de la fuerza, encontrando a Jordan Bravo Vásquez, quien se encontraba junto a su pareja, su hijo en común de 8 meses y un niño de 4 años, hijo de la mujer. "Fracturan de una patada la puerta principal y rompen el vidrio de un ventanal", relató la persecutora.

Tras ello, la fiscal Cancino cuenta que los imputados comienzan a agredir físicamente a la víctima, para luego arrastrarlo, sacarlo de su casa y darle fuertes golpes en su cabeza con un bate, para finalmente subirlo en contra de  su voluntad y semi-inconsciente al vehículo rojo, huyendo rápidamente del lugar, en dirección a Quillota.

Los antecedentes que variaron respecto de la formalización del pasado 25 de marzo dicen relación con el homicidio de la víctima. 

"En algún momento que media entre el 3 de febrero de 2022 y el 21 de marzo de 2022, los imputados, mientras mantenían a la víctima privada de su libertad, resolvieron darle muerte", afirmó la fiscal Cancino durante la reformalización.

La persecutora agregó que esta decisión "se materializó en la ejecución sobre el cuerpo del afectado, de comportamientos aptos para terminar con la vida de una persona, los que se perpetraron con dicha intención". 

Tras ello, se procedió a ocultar el cadáver, el que hasta la fecha no ha sido encontrado, a pesar de las pericias realizadas por el Ministerio Público y detectives de la PDI, quienes han realizado diversas diligencias en el sector de Mauco, donde se presume que estaría enterrado el cuerpo sin vida de Jordan Bravo.

Durante la audiencia, la fiscal Cancino relató que se perpetraron otros delitos en el marco del caso, y que dicen relación con un robo e infracciones a la Ley de Control de Armas y a la Ley 20.000 de drogas.

Y es que durante la permanencia de los imputados en casa de la víctima, y mediante intimidación, los sujetos –con ánimo de lucro y contra la voluntad de la víctima– sustrajeron un teléfono celular y $30.000 en dinero en efectivo que se encontraba al interior de una alcancía. Además, se sustrajo un banano, documentos personales del afectado y de $200.000 en dinero en efectivo.

De igual forma, en casa de Jorge Colorado, la PDI halló un arma de fuego tipo pistola y 13 cartuchos sin percutar; en casa de Héctor Moreno se encontró una escopeta y una pistola a fogueo adaptada para el disparo, 33 cartuchos 9mm, 40 cartuchos de escopeta, un cargador de pistola y 473,65 gramos de cannabis; en casa de Máximo Ramírez Villagra encontraron 11 cartuchos 9mm y 69 gramos de cannabis sativa en proceso de secado; mientras que Máximo Ramírez Dinamarca mantenía 2.306 gramos de cannabis sativa, $1.236.250 en dinero en efectivo y dos balanzas digitales.

Respecto de todos los imputados, los hechos configuran –para todos– los delitos de secuestro; para Jorge Colorado, infracción a la Ley de Control de Armas; para Héctor Moreno, infracción a la Ley de Control de Armas e infracción de la ley 20.000; para Máximo Ramírez Villagra, infracción a la Ley de Control de Armas e infracción de la ley 20.000; y para Máximo Ramírez Dinamarca, infracción a ley 20.000.

Estos ilícitos fueron consumados y a todos los imputados les corresponde participación en calidad de autores.

Durante la audiencia se generó un tenso momento entre la fiscal Cancino y el defensor Duhalde, que dice relación con un comentario realizado por la persecutora mientras explicaba una diligencia llevada a cabo en el Complejo Penitenciario de Rancagua, donde los imputados cumplen la medida cautelar de prisión preventiva.

En concreto, la fiscal contó que fue junto a funcionarios de la PDI a la cárcel para entrevistar al imputado Hugo Colorado, con quien graban la lectura de derechos. No obstante, la acción resultó infructuosa, pues el sujeto se negó a hablar.

Bajo este contexto, la fiscal Cancino señala que "todo eso está en el informe, que la defensa no lo conoce porque después de tres meses ni siquiera ha pedido una copia de la carpeta investigativa, cosa que hizo recién la semana pasada después de no asistir a la audiencia de cautela de garantías anterior. Tres meses y la defensa nada ha hecho, sólo pidió la semana pasada la copia".

Ante ello, el defensor Jean Duhalde responde a la persecutora que "es evidente que ante la desesperación del Ministerio Público de obtener resultados, ante la ineficacia que ha tenido para obtener resultados concretos con las diligencias que ha pedido y el estancamiento de la investigación, recurren a descalificaciones personales contra el abogado, recurre a intervenir a espalda de la defensa y tratar de obtener información de mala forma, lo que no puede ser aceptado".

"No estoy desesperada ni soy ineficaz. El no hallazgo del cuerpo no importa nada. Tenemos jurisprudencia nacional e internacional que ha condenado a sujetos sin hallar el cuerpo (...) No necesito autorización judicial", añadió la fiscal Cancino.

Luego de solicitar un par de veces que respetaran sus turnos para hablar, el juez Felipe Contreras Bianchi indica que "en cuanto a esta entrevista o consulta de la fiscal, de manera presencial en la cárcel, no constituye –a juicio de este juez– una vulneración de la normativa legal constitucional o general de tratados internacionales que se encuentren a su vez referidas a garantías judiciales de los imputados. Por lo cual, sobre este argumento, se rechazará la petición de la defensa de cautela de garantías".

Tras revelarse todos estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de San Antonio mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, pues su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

(Imagen principal: referencial)

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