Jueza que tuvo acceso al motel de Quintero donde falleció joven abogada fue suspendida de su cargo por la Corte de Valparaíso

Claudia Reveco Iglesias, secretaria titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso y ex jueza suplente de garantía en tribunales de la región, fue suspendida de su cargo por un periodo de cuatro meses. Esto, tras la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, en el marco de la muerte de Valentina González Heresmann, abogada que perdió la vida en una cabaña del motel «El Duende», en Quintero, en julio de 2022.

La Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso le formuló cargos a la magistrada por transgresión gravísima de sus deberes funcionarios, a raíz de una indagatoria administrativa interna del tribunal de alzada, producto de lo ocurrido aquella mañana del sábado 30 de julio en el litoral norte de la región.

Cabe recordar que tras la muerte de la joven abogada, quien por entonces tenía 27 años, la jueza Claudia Reveco llegó hasta el motel «El Duende» para acompañar a Felipe Olivares, hijo de su pareja Álex, quien se encontraba al interior de la cabaña junto a Valentina y otras dos jóvenes, una de las cuales dejó el lugar antes del fatal suceso.

En específico, la magistrada estuvo en el sitio del suceso aquella mañana, donde conversó con personal médico, con funcionarios de Carabineros y trabajadores del motel, situación que fue advertida por la defensa de Valentina González luego de revisar las cámaras de televigilancia del establecimiento quinterano.

Esto motivó la presentación de una querella contra Reveco en el Juzgado de Letras, Garantía, Familia, Laboral y Cobranza de Quintero, por los delitos de obstrucción a la investigación y de falsificación de documentos públicos, además de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, la cual fue acogida y tramitada de forma paralela a la investigación por la muerte de la joven jurista.

Pero además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso inició otra investigación, de carácter administrativo, a cargo de la Fiscalía Judicial, la cual concluyó con la formulación de cargos y los respectivos descargos, resolviéndose la suspensión provisional, por un periodo de cuatro meses, del cargo que ostenta la magistrada en la mira. A ello se suma otra sanción que implica recibir sólo el 50% de su sueldo por dicho periodo.

Tras conocer esta resolución, Puranoticia.cl tomó contacto con la abogada Cynthia Pérez, representante de la familia de Valentina, quien indicó que sólo ha sabido de esta resolución de manera extraoficial, pues aún no accede al documento escrito.

"Nuestra reacción como equipo y haciendo eco de lo que me ha expresado la familia, es que se ha logrado que la Corte y el Poder Judicial reaccione y sancione a una funcionaria que excede sus facultades y que ha puesto en la palestra al Poder Judicial, liberando o permitiendo que se generen ciertas conjeturas que evidentemente van en contra del Poder Judicial y de la imagen de respeto y de obediencia que todos los ciudadanos de nuestro país le debemos", comenzó la profesional.

Luego, comentó que a juicio de su equipo, "la Corte de Apelaciones reaccionó tarde, porque recién lo hizo a más de un año, y a raíz de una querella de nosotros, que se vio obligada –lo digo con responsabilidad– a iniciar una investigación en base a que existía una denuncia formal por hechos que ya eran de conocimiento, tanto nacional como internacional. Lo bueno es que desde ese punto de vista sí se sancionó".

Ahora, respecto al contenido de la sanción, la abogada Pérez señaló a Puranoticia.cl que "deja mucho que desear", ya que los cuatro meses de suspensión del cargo y el recibir el 50% de su remuneración "no es acorde ni congruente con las infracciones que habrían sido denominadas y valoradas por el ente investigador de la Corte de Apelaciones como trangresión e infracción gravísima a los deberes funcionarios".

"Es de toda lógica que "gravísima", bajo ningún respecto, puede ser entendida como tener una sanción de cuatro meses y una disminución del 50% de una remuneración. Creemos que es nada más y nada menos que un efecto muy similar a lo que estaba viviendo la funcionaria del Poder Judicial sancionada, que inclusive pareciera ser una especie de licencia médica de cuatro meses y una disminución del 50%", sumó.

Por último, Pérez adelantó que están trabajando con organismos internacionales, con quienes evalúan la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poner en su conocimiento estos hechos. "Estamos trabajando para barajar la posibilidad de poner en conocimiento a la CIDH de estos hechos y la reacción que ha tenido el Estado, el Poder Judicial, en consideración a ello", concluyó.

PURANOTICIA