Inician sumario contra el Serviu de Valparaíso por irregularidades en construcción de proyectos Mirador 1 y 2 de San Antonio

El diputado Andrés Celis dio a conocer las conclusiones del informe final sobre la auditoría a las obras de construcción y reparación de los proyectos Mirador San Antonio I y Mirador San Antonio II, a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, correspondientes a un Fondo Solidario de Elección de Vivienda que fue entregado a sus beneficiarios durante el año 2019.

El documento, con fecha 18 de octubre, analizó si el Serviu adoptó medidas eficientes y eficaces para constatar que los proyectos entregados a los comités de vivienda cumplían con la normativa que rige la materia, así como también que los mismos se encontraban en condiciones de ser habitados.

También se constató si los gastos por concepto de reparaciones y estudios contratados por el Serviu, con posterioridad a la entrega de los departamentos a los beneficiarios, al 30 de junio de 2020, están debidamente acreditados, calculados y contabilizados. Y además se revisaron los subsidios de arriendo habitacional que el servicio otorgó desde el año 2021 a junio de 2022, a causa del desalojo de los departamentos por problemas en la edificación.

El diputado Celis manifestó que "lamentablemente Serviu infringió los principios de eficiencia y eficacia, que obligan a los órganos del Estado a velar por la idónea administración de los recursos públicos y quienes sufren las consecuencias de esto -además del bolsillo de todos los chilenos- son las personas que con tanto anhelo esperaban poder tener su hogar, edificaciones que serán demolidas, además de todos los gastos en los que han tenido que incurrir al no poder habitar sus departamentos".

Declaraciones del parlamentario basadas en el documento de 92 páginas donde Contraloría indica que entre sus principales conclusiones “se verificó que pese a que entre el año 2016 y el 2021 se desembolsó un total de $252.428.227, para desarrollar 3 estudios estructurales, con el objeto de determinar las fallas constructivas, su modo de reparación, y si la ejecución del contrato se ajustó al proyecto pertinente, a la fecha los 256 departamentos del proyecto en estudio debieron ser desalojados y serán finalmente demolidos. Asimismo, cabe tener presente que la segunda evaluación estructural fue contratada por el servicio sin que se hubiera justificado prescindir de las recomendaciones expresadas en la primera, para subsanar las deficiencias constructivas.”

"En atención a esto es que Contraloría determinó que el Serviu deberá implementar medidas de control, de manera de evitar situaciones como la objetada, pero además instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas, que incluyen que la empresa constructora San Fernando S.A., para reparar la habitabilidad del proyecto Mirador San Antonio I, hizo un muro que debió ser reconstruido por su mala ejecución y por deformaciones. Ellos recibieron $159.169.159, por contrato directo, por un trabajo mal hecho que claramente se aleja de la obligación del Serviu de resguardar el uso eficiente de los recursos públicos”* agregó el parlamentario de la región de Valparaíso.

Por otra parte, la auditoría expone que hasta el 12 de julio de 2022, se verificó que el valor de las viviendas ha tenido un incremento superior al 270%, respecto de su valor inicial de 624 UF por unidad habitacional, hasta la suma de 1.691,9 UF por departamento. Lo que se suma al hecho informado por el propio servicio, que dichos inmuebles serán demolidos y finalmente no serán habitados. Al respecto el diputado Celis Montt explicó que "evidentemente infringe y se contrapone al uso racional y equilibrado uso de los recursos, y esto también se va a incluir en el sumario que anunció la Contraloría regional de Valparaíso".

Otra irregularidad que se incluirá en el sumario que será iniciado por el organismo de control, es que a partir de los antecedentes entregados por el Serviu no se pudo verificar la trazabilidad de los trabajos ejecutados, que fueron requeridos entre la contratación del primer informe estructural, la ejecución de los trabajos de reparación de la empresa Puerto Principal, la contratación del segundo informe estructural, y el término de los trabajos. Esto a juicio de la Contraloría “impide asegurar con la debida certeza que el servido (a través de la ITO) haya adoptado las medidas necesarias para que las reparaciones de la totalidad de las deficiencias constructivas observadas -muchas de ellas catalogadas como graves-, se ejecutaran correctamente".

Finalmente, en la auditoría Contraloría establece que el Serviu “carece de un manual de procedimiento y un mecanismo de control respecto a las liquidaciones de contrato, respecto de lo cual, dicho organismo se comprometió a informar sobre los avances de su elaboración, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe".

PURANOTICIA