Jueves 12 de mayo de 2022 17:47
Contraloría tras la gestión Piraíno: Indagan fin anticipado del contrato de estacionamientos que le costaría $1.000 millones a La Calera
Empresa que se adjudicó el contrato el año 2014 inició las gestiones para exigir la devolución de los más de $1.000 millones que significan el término anticipado del vínculo acordado por el Concejo Municipal de aquel entonces.
Si bien, en enero de 2022, la unanimidad del Concejo Municipal de La Calera celebraba la decisión de poner término anticipado al contrato del servicio de parquímetros que mantenían con la empresa Inmobiliaria e Inversiones Don Javier S.A.; lo cierto es que en mayo del mismo año, esta decisión está comenzando a generar serios dolores de cabeza al interior de la casa edilicia que administra el alcalde Johnny Piraíno.
Y es que el tema no es menor, considerando la difícil semana que ha tenido el jefe comunal, quien ya fue puesto en tela de juicio por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso, la cual identificó algunas irregularidades de su administración en la celebración del Día del Funcionario Municipal 2021 y en la implementación del programa comunitario «Centro de Belleza Popular para Personas Mayores», tema que será abordado en profundidad algunos párrafos más adelante.
Pero para comprender el origen del asunto que origina este artículo, hay que remontarse al año 2014, en la administración del alcalde Eduardo Martínez, quien licitó por un período de 30 años la explotación de los estacionamientos caleranos, incluyendo los existentes en superficio y otros dos que se debían construir de manera subterránea en el centro de esta comuna ubicada en la provincia de Quillota.
No obstante, transcurrieron ocho años desde ese momento, y la empresa a cargo del servicio "no ha dado señales de avances, no ha terminado los estudios, cosa que está generando un problema tremendo en la conectividad y desarrollo comercial de la comuna", indicaba en enero a Puranoticia.cl el alcalde Piraíno.
Junto a recordar que cuando asumió a mediados de 2021 dijo que quería terminar con dicho contrato, también explicó que tras un análisis jurídico encontraron la fórmula para hacerlo, lo cual fue respaldado por el Concejo, "así que damos término a este contrato, que ha explotado un bien nacional de uso público por cerca de ocho años, sin tener ningún ingreso el Municipio, salvo los $500 millones de anticipo".
Bajo este contexto, ahora hay que explicar por qué esta decisión le está significando un gran dolor de cabeza al Municipio de La Calera. Y es que el término anticipado del contrato con Inmobiliaria e Inversiones Don Javier S.A. le significaría a las arcas financiera de la casa edilicia tener que desembolsar cerca de $1.000 millones por los dineros que la empresa adelantó en su momento a la municipalidad, los que deben devolverse reajustados y con intereses, además de reintegrar montos cobrados por haber hecha efectiva la boleta de garantía que existía en favor del municipio.
El conflicto termina por estallar luego que la empresa esgrimiera sus razones técnicas y jurídicas de por qué no pudo llevar a cabo la construcción: en enero de 2015 ingresan el anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero sólo en julio de 2017 lo aprueban. Tras esos dos años, presentan el Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU) en diciembre del 2017, el cual en febrero de 2018 es declarado "incompatible" por el Ministerio de Transportes, en razón de dos iniciativas que el Municipio ejecutaba en el sector.
Junto a dejar en evidencia la nula comunicación con otros organismos del Estado por parte del Municipio liderado por entonces por la alcaldesa Trinidad Rojo, también se detecta que las observaciones del Ministerio no fueron respondidas, lo que en abril de 2018 deriva en el rechazo del EISTU, derribando definitivamente la opción de aprobar el permiso de construcción de los estacionamientos subterráneos.
Cabe hacer presente que la empresa Inmobiliaria e Inversiones Don Javier S.A. le entregó un adelanto a la ya mencionada administración de Eduardo Martínez el año 2014 de cerca de $500 millones, dinero que incluso fue utilizado para adquirir el nuevo edificio consistorial de la Municipalidad de La Calera.
Con esto como contexto, acudimos a las bases de la licitación del año 2014, donde se detecta que al hablar de término anticipado de contrato se establece que los dineros anticipados deberán ser devueltos a la empresa, con reajustes e intereses, cualquiera sea la causa o razón del termino de contrato.
De esta manera, tras hacer el cálculo, el Municipio de La Calera, administrado ahora por Johnny Piraíno, debería desembolsar mas de $1.000 millones, cifra a la que sólo se le podrían descontar unos $50 millones, porcentaje que debería quedar en la comuna por la explotación de los estacionamientos en superficie que realizó la
Empresa durante varios años.
A raíz de todos estos hechos, la empresa acudió a la Contraloría General de la República para presentar una reclamación con el objetivo que el Municipio de La Calera les reintegre los dineros pagados por adelantado el año 2014, equivalentes a $500 millones, más $120 millones por la boleta de garantía que la entidad edilicia cobró al terminar el contrato, todo con intereses y reajustes tal como lo establecían las bases de licitación que lo regían.
El ente que fiscaliza a los órganos del Estado ya se pronunció al respecto, indicándole al Municipio de Johnny Piraíno que debe informar, en un plazo de 10 días hábiles administrativos, lo expuesto por la empresa que presentó la reclamación y que busca establecer que la municipalidad está incurriendo en un enriquecimiento ilícito al no devolver los dineros anticipados y el valor de l boleta de garantía cobrada.
"Este informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata", agregan.
Con este nuevo antecedente comienza a plasmarse el temor que Puranoticia.cl hizo latente a fines de enero de este año en el Municipio. Y es que esta situación deja en jaque al actual Alcalde, ya que, si bien, la seguidilla de errores en el manejo del contrato puede ser atribuida a sus antecesores Eduardo Martínez y Trinidad Rojo, lo cierto es que su conducción en el tema podría dejar tambaleando a las arcas financieras de la entidad que administra, además de hacer incurrir en figuras como el enriquecimiento sin causa para el municipio que podrían llevar a que la Contraloria inicie también procedimientos para hacer efectiva responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
El tema de los estacionamientos se suma a otra investigación de Contraloría que tiene bajo la lupa a la administración Piraíno en La Calera: el martes, Puranoticia.cl publicó un informe que revelaba una serie de irregularidades en licitaciones, contrataciones y desarrollo de iniciativas aprobadas y ejecutadas.
El Informe Final Nº 58, de 2022, del ente fiscalizador advertía que las principales falencias fueron identificadas en el marco de la celebración del Día del Funcionario Municipal y en la implementación del «Centro de Belleza Popular» de la comuna.
Primero, se detectó que los servicios pagados al resort Rosa Agustina "no se encontraban suficientemente acreditados"; que la actividad se llevó a cabo en un día, cuando las bases indicaban tres; que 415 personas fueron invitadas, pero se pagó un servicio para 423; y que se asignó puntaje máximo a dicha oferta, a pesar que faltaban datos sobre la capacidad del recinto ubicado en Olmué.
En cuanto al salón de belleza, el ente que fiscaliza a los órganos del Estado sostuvo en el dictamen que "no se ajustó a derecho" el implementar esta iniciativa; que el Municipio no está facultado para ejecutar el programa comunitario «Centro de belleza popular para personas mayores»; que los pagos de honorario y adquisición de muebles e insumos fueron "improcedentes"; y que no se pudo verificar la existencia previa de un programa comunitario para pagar contratos a honorarios.
PURANOTICIA