Contraloría confirma que la administración Ripamonti no cobró la garantía de $214 millones por fallido show de Año Nuevo en Viña

El fracasado show de Año Nuevo 2023 en Viña del Mar fue objeto de una auditoría y examen de cuentas por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso en la Municipalidad que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Lo ocurrido el año pasado, tal como comunicó oportunamente Puranoticia.cl desde mediados de diciembre de 2022, motivó que el diputado Andrés Celis (RN) presentara una denuncia y el concejal René Lues (DC) sumara otras dos, ambas en relación a eventuales irregularidades y responsabilidades administrativas, tanto de la jefa comunal como de las respectivas unidades municipales que participaron del contrato.

Cabe recordar que el ansiado espectáculo de Año Nuevo en el Mar fue suspendido faltando 48 horas para su realización; esto, debido a que la pirotecnia a utilizar se encontraba vencida, según la normativa legal chilena. Y es que a pesar que se revisó a última hora el cargamento, las pruebas no fueron superadas y el show se cayó.

En base a ello, la Contraloría dio inicio a una auditoría y examen de cuentas a los gastos en bienes y servicios derivados de la ejecución del espectáculo de celebración del Año Nuevo en el Mar 2023 en la Municipalidad de la Ciudad Jardín, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023. El detalle de observaciones realizadas están contenidas en el Informe Final Nº492, de 2023, al cual accedió Puranoticia.cl.

Una de las principales observaciones realizadas por Contraloría dice relación con el no cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por parte de la Municipalidad a la unión temporal de proveedores (UTP), conformado por las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, por los servicios no prestados del show de Año Nuevo en el Mar. El monto de esta garantía era de 214 millones de pesos ($214.284.613).

Asimismo, la administración Ripamonti tampoco cobró multas por incumplimiento del servicio pactado, equivalentes a 128 millones de pesos ($128.570.768), situación que no se ajusta a las bases administrativas que regularon esta licitación.

Por ambos hechos, la Municipalidad de la Ciudad Jardín deberá adoptar las medidas que correspondan para cumplir con las condiciones que regulan los procedimientos de compras y reglamento de boletas de garantía de la propia casa edilicia. Sin perjuicio de aquello, la Contraloría Regional de Valparaíso formulará un reparo por los $214 millones de la boleta de garantía y por los $128 millones por las multas.

En otro punto, se indica que el autodenominado «Municipio de Cuidados» no exigió las pólizas de seguro a las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, establecidas en las bases administrativas, cuyas coberturas correspondían a robo e incendios, daños a personal municipal, daño a personal empleado por el adjudicatario y a terceros, como asimismo daños a propiedad pública y privada, por 30.000 UF (más de $1.000 millones).

Así, corresponde que la Municipalidad adopte las medidas de control necesarias para que en los próximos procesos de adquisición se exijan las pólizas de seguros establecidas en las bases administrativas, lo cual debe ser informado en 60 días hábiles.

Otro de los hechos develados por el Informe Final Nº492 da cuenta que Pirotecnia SpA y Piromar FX SpA no contaban con la autorización del organismo competente para el uso de sus fuegos artificiales, lo cual incumple las bases administrativas y técnicas de la propuesta, toda vez que los productos pirotécnicos a utilizar no reunían las condiciones exigidas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). 

Ante esta seria irregularidad, se determinó que el Municipio de Viña debe adoptar medidas de control para que, en futuras compras, el proveedor contratado cuente con las exigencias mínimas requeridas por la DGMN y así evitar la reiteración de este tipo de acontecimientos, situación que deberá ser acreditado dentro de 60 días hábiles.

Pero además, se constató que la empresa Pirotecnia Spa estaba suspendida para ejecutar funciones por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, entre ellas, las de operar fuegos artificiales. De esta manera, se incumplieron las bases administrativas sobre «Obligaciones del adjudicatario» y las bases técnicas, ya que la casa edilicia tenía la obligación de fiscalizar dicho cumplimiento de funciones. Por ello, deberán adoptar medidas para controlar que los proveedores estén acreditados.

También hubo falta de acreditación de autorización para la utilización de drones por parte de ambas firmas adjudicadas en el proceso, incumpliendo así las bases de licitación, debiendo la administración Ripamonti adoptar las medidas de control pertinentes para que estos espectáculos cuenten con las respectivas autorizaciones, las cuales tendrán que ser informadas en un plazo de 60 días hábiles.

La investigación también determinó que hubo falta de acreditación de las certificaciones exigidas en las bases del proceso licitatorio, respecto a características de residuos, calibre del explosivo de bajo ruido, altura alcanzada y decibeles generados por parte de las empresas adjudicadas. Ante esto, el Municipio deberá adoptar las medidas para que en futuras compras de espectáculos similares, el proveedor adjudicado cuente con la totalidad de las certificaciones exigidas.

De igual forma, se detectó una discrepancia entre los plazos de ejecución del contrato exigidos en las bases de la licitación sobre la reparación, mantención y/o reemplazo de elementos metálicos deteriorados y aquel presentado por la empresa adjudicada en su propuesta, por lo que el Municipio deberá establecer medidas de control para evitar situaciones similares.

La última observación dice relación con la entrega del terreno para el proceso de licitación sobre la reparación, mantención y/o reemplazo de elementos metálicos deteriorados, la cual debió efectuarse el 17 de octubre de 2022. No obstante, se realizó el 3 de noviembre y sin existir un acto administrativo municipal que formalizara esa situación. Por ello, el «Municipio de Cuidados» debe adoptar medidas de control para dar cumplimiento a lo establecido en las bases administrativas.

Cabe hacer presente que por la totalidad de las observaciones realizadas, la Contraloría Regional de Valparaíso instruirá un procedimiento disciplinario en la administración Ripamonti, para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritar en el informe.

PURANOTICIA