Alcaldesa de Nogales deberá permanecer, al menos, tres meses más bajo arresto domiciliario total por presunta estafa reiterada

Por al menos otros 90 días, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, deberá permanecer privada de libertad, cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, a raíz de una investigación en la que se encuentra en calidad de imputada por el delito de estafa reiterada y que este viernes tuvo una reformalización.

Esto dice relación con un hecho acontecido en contra de más de 400 personas, pertenecientes a tres comités de vivienda, quienes entregaron, en total, cerca de $170 millones para la construcción de un proyecto habitacional en la comuna de Cabildo, el cual finalmente nunca se materializó.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de La Ligua accedió a la solicitud del Ministerio Público de ampliar en 90 días el plazo de investigación contra Margarita Osorio; la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora; y Mauricio Torres, arquitecto a cargo del "proyecto" prometido a las familias entre octubre de 2015 y diciembre de 2019.

A modo de contextualizar, se presentó una querella contra estas tres personas, la cual indica que la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora, contactó a la alcaldesa de Nogales (independiente, pero cercana a Chile Vamos), Margarita Osorio, debido a su experiencia en gestión habitacional. Ésta, a su vez, le pidió su colaboración al arquitecto Mauricio Torres, quien ofreció acelerar el proyecto habitacional, para lo cual solicitó diversas sumas de dinero a los comités de viviendas interesados en el proyecto.

Según se establece en la acción judicial, los tres imputados cobraron diversos montos de dinero por un servicio que nunca realizaron, además de no cumplir con los requisitos técnicos para hacerlo, ya que no existe una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) registrada en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para poder haber materializado la iniciativa que ofrecían a los vecinos.

Si bien, la Alcaldesa de Nogales se encuentra con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas desde el 30 de junio, la aparición de 61 nuevas víctimas, las cuales prestaron declaración ante la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) del Ministerio Público, obligó a reformalizar la investigación y pedir nuevos plazos para investigar lo ocurrido.

El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro, señaló respecto a la reformalización de los tres imputados que, si bien, los delitos son los mismos, aumentó el número de víctimas, pasando de 66 a 127, por lo que también variaron los montos defraudados presuntamente por Osorio, Zamora y Torres.

"Lo que ha perseguido esta reformalización es incorporar nuevas víctimas para que presten declaración respecto de los hechos que los afectaron y precisar los montos en que resultaron perjudicados, en relación con estos hechos y los aportes de antecedentes probatorios como recibos de dinero u otros", dijo.

Además, el persecutor de la URAC comentó que "junto con ello, se hicieron precisiones respecto de los montos involucrados: hay uno global, general, respecto de todas las víctimas que integraban estos comités y que bordean los $170 millones, pero se ha precisado que respecto de los que han declarado hasta el momento, el perjuicio acreditado a través de los medios de prueba y otros que ha obtenido la Fiscalía, alcanza los $52 millones aproximadamente".

En la instancia, llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de La Ligua, también se debatió acerca de las medidas cautelares en contra de los tres imputados.

Las defensas de la alcaldesa Margarita Osorio y del arquitecto Mauricio Torres le plantearon al tribunal la solicitud de sustituir el arresto domiciliario total por uno parcial, de carácter nocturno. 

Frente a ello, tanto la Fiscalía como los querellantes se opusieron.

"El tribunal, con argumentaciones que se dieron en la audiencia, mantuvo la cautelar de arresto total para ambos imputados. Adicionalmente se amplió el plazo de investigación, que ya se había fijado por fines de junio en 90 días. Ahora finalmente se otorgaron otros 90 días, a contar de fines de este mes", agregó el fiscal Toro.

En consecuencia, el persecutor estima que "a fin de año debiéramos estar penalizando esta investigación".

Cabe hacer presente que al final de la audiencia, también se decretó una medida cautelar –a solicitud del querellante– respecto de un bien raíz de la imputada Margarita Osorio, a propósito de los montos involucrados en los hechos investigados, a lo cual el Juzgado de Garantía de La Ligua también accedió.

PURANOTICIA