Administración Sharp recibe "tirón de orejas" de Contraloría por contratar banda musical para la cuenta pública 2023 en Valparaíso

La Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una investigación especial y un examen de cuentas en la Municipalidad de Valparaíso tras una denuncia respecto a presuntas irregularidades cometidas en la Cuenta Pública 2023 de la Alcaldía porteña, acto realizado en el Teatro Municipal de la comuna el 26 de abril del año pasado.

La presentación ante la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado la realizó el entonces vecino Boris Kúleba, hoy precandidato del Partido Socialista (PS) a la Alcaldía, denunciando posibles anomalías en la ejecución de gastos para el desarrollo de la cuenta pública correspondiente a la gestión municipal del año 2022.

En base a ello, se llevó a cabo una investigación, cuyos resultados están contenidos en el «Informe Final Nº 114, de 2024» –al cual tuvo acceso Puranoticia.cl– que detecta dos anomalías en el desarrollo de esta actividad de la administración del alcalde Jorge Sharp.

Antes de pasar a detallarlos, vale hacer presente que el objetivo central de la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso era verificar si la cuenta pública municipal porteña se ajustó –o no– a lo indicado en el artículo 67 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y si el gasto se justificó a dicha normativa. 

Conforme a los antecedentes que entregó el Municipio de Valparaíso, desembolsaron más de 19 millones de pesos ($19.217.100) en la cuenta pública 2023, de los cuales casi 18 millones de pesos ($17.920.000) corresponden a tratos directos asociados a compras relacionadas con el desarrollo de la actividad municipal.

Entre sus conclusiones, lo primero que se detectó fue que la «Alcaldía Ciudadana» contrató, vía trato directo, al proveedor Hugo Pirovich, representante de la banda musical Congreso, para realizar un show en la cuenta pública porteña en el Teatro Municipal de la ciudad, previo pago de 9,5 millones de pesos ($9.520.000).

Contraloría establece al respecto que, si bien, puede enmarcarse en las funciones municipales contempladas en la ley N° 18.695, esto "no se expresó así en el decreto alcaldicio que autorizó la contratación, sino que se asoció precisamente a la cuenta pública, lo que no se aviene a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida en el dictamen N° 91.846, de 2016 (MC)".

Frente a ello, el órgano fiscalizador del Estado ordenó que el Municipio de Valparaíso deberá adoptar las medidas de control pertinentes para que este tipo de desembolsos se encuentren asociados a las actividades culturales que desarrolle la entidad y no a la cuenta pública, priorizando el buen uso de los recursos públicos.

La segunda anomalía detectada dice relación con la constatación de que la Alcaldía efectuó dos compras mediante trato directo, invocando la causal prevista en el artículo 10, N° 7, letra j) del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual señala que esa modalidad excepcional de contratación procede cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación. Sin embargo, estas dos adquisiciones no superan las 100 UTM.

Cabe hacer presente que la Municipalidad de Valparaíso, para ambos casos, adjuntó a Contraloría un análisis de costos aprobado mediante decreto alcaldicio de 2019, documento que a juicio del ente fiscalizador "no fue elaborado caso a caso", sino que de manera general para la totalidad de las adquisiciones. Esto no se aviene a lo precisado en el citado dictamen N° 12.128, de 2019.

Por ello, se estableció que la Alcaldía porteña deberá, en futuros procesos de compra, ajustarse a la jurisprudencia que aplica sobre esta materia a fin de evitar situaciones similares, debiendo actualizar el decreto alcaldicio N° 4.329, de 2019, de cuyo avance deberá informar antes de 60 días al organismo de control.

Finalmente, se verificó que la casa edilicia efectuó el pago de dos órdenes de compra relacionadas con la cuenta pública, en un plazo superior a los 30 días hábiles, lo que no se ajusta al artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, por lo que se les ordenó seguir haciendo seguimiento a sus procesos de pago a fin de ajustarse a la normativa.

De todas maneras, Contraloría dejó en claro que la cuenta pública del año pasado en Valparaíso "se ajustó a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N°18.695", en el entendido que el Municipio la realizó dentro del plazo reseñado en la normativa, cursó las invitaciones pertinentes, el informe escrito contiene las materias individualizadas y fue debidamente distribuido a la comunidad, incluso manteniéndola a disposición, razón por la que no se registraron observaciones a formular sobre este punto.

PURANOTICIA