Presentan recurso de amparo para impedir examen de cabello del tío abuelo del pequeño Tomás

Un recurso de amparo presentó la defensa de Jorge Escobar Escobar, único imputado por la muerte del pequeño Tomás Bravo, ocurrida en febrero de este año en el sector de Caripilún, región del Biobío.

La acción judicial busca evitar que Escobar, quien es tío abuelo del niño fallecido, se tenga que someter a una extracción de cabello exigida por el Ministerio Público. El individuo ya se ha negado en dos ocasiones a hacerse el examen.

La situación fue informada por el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío, Cristian Sleman, y está siendo evaluada la Corte de Apelaciones de Concepción.

"Lo que busca la defensoría es oponerse a una medida intrusiva que había solicitado el Ministerio Público dado que, desde el primer momento (…) el Ministerio Público y las policías cuentan con todo el perfil genético de nuestro representado, para efectos de realizar todas las diligencias necesarias para acreditar su identidad y corroborarla con toda la evidencia que hoy existe en la investigación", indicó Sleman.

Pese a lo anterior, el abogado advirtió que "el Ministerio Público ha insistido y ha solicitado, a través de un juez de Garantía, la extracción de cabellos de nuestro representado para realizar una diligencia que a nuestro juicio no solamente es improcedente, sino que además no cumple los principios que establece la propia norma en cuanto a la necesidad y relevancia".

"Lo que se pretende en definitiva es realizar peritajes que, por ejemplo, en Estados Unidos están prohibidos por justamente declararse, en el ámbito criminalística, pseudo ciencia, que es establecer la identidad de una persona a través de la contextura morfológica de un cabello", agregó.

El jurista afirmó que "el Departamento de Justicia y el FBI, en el año 2015, publicaron que este tipo de evidencia, es decir, establecer la identidad a través de la morfología de pelo había sido una importante causa de error judicial que había llevado a condenar a personas inocentes dentro de las cuales incluso había 14 personas que ya habían sido ejecutadas con la pena capital".

De esta forma, el defensor remarcó que "situaciones de ese nivel, naturalmente, no se pueden replicar en nuestro sistema judicial y mucho menos en una causa de esta connotación, por tanto nosotros hemos entregado todos estos antecedentes a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, a fin que restablezca el imperio del derecho y naturalmente le indique al Ministerio Público que debe realizar las diligencias pendientes, justamente con los perfiles de ADN que están disponibles desde el primer momento de la investigación".

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