Jueves 5 de noviembre de 2020 20:49
Se le viene "la noche" a Jorge Sharp: Acusan al alcalde de Valparaíso por notable abandono de deberes y piden su destitución
Los ediles Barraza, Bannen, Cáceres, Trincado, Soto y Morales acudieron al Tribunal Electoral Regional para presentar esta solicitud, que contiene 17 cargos en contra del jefe comunal porteño.
La historia de desencuentros entre el Concejo Municipal y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, vivió un nuevo episodio este jueves 5 de noviembre, siendo, a la luz de los antecedentes, el que mayor repercusión podría llegar a traer. Esto pues, seis de los concejales que conforman el denominado «Grupo de los 8» concurrieron hasta el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, para presentar una acusación por notable abandono de deberes en contra del jefe comunal porteño, a quien atribuyen responsabilidad en los 17 cargos que conforman la presentación.
Hasta el organismo ubicado en la calle Esmeralda llegaron los concejales Marcelo Barraza (DC), Carlos Bannen (UDI), Ruth Cáceres (RN), Luis Soto (UDI), Eugenio Trincado (DC) y Daniel Morales (MVC), dando cuenta de una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la administración Sharp -contenidas en un documento de 100 páginas, al que accedió Puranoticia.cl- y por las cuales solicitan una declaración de cese de funciones en el cargo por "haber incurrido en las causales legales de remoción por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa".
PRIMER CARGO: EL DEMOLEDOR INFORME DE CONTRALORÍA
Sin dudas, la gota que rebalsó el vaso para los concejales, en medio de este largo camino de desencuentros con Jorge Sharp, fue el Informe Final Nº 273 de Contraloría, respecto a una auditoría realizada en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que estableció que tanto en el Liceo Técnico de Valparaíso como en el Liceo María Luisa Bombal se desarrollaron actividades comerciales distintas a las pedagógicas, por las que recibieron más de $490 millones.
Adicionalmente, los productos y servicios elaborados fueron vendidos a la propia Corporación Municipal y a particulares. Junto a ello, se detectó que muchos de estos servicios, principalmente de coctelería, fueron realizados por alumnos y sin el debido permiso de sus padres. Esto, a cambio de exiguos pagos entre los valores de $2.000 y los $20.000.
Por la gravedad de estos hechos, el ente fiscalizador dio inicio a un juicio de cuentas, por el reparo de cerca de $900 millones. Además, ordenó que se inicie un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Valparaíso, para determinar las responsabilidades administrativas que pudieren afectar a los funcionarios públicos, entre los cuale se encuentra la máxima autoridad, tanto del Municipio como de la Cormuval: el alcalde Jorge Sharp.
"En la especie, se le imputa responsabilidad al alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, por estas acciones manifiestamente antijurídicas y vulneratorias de derechos fundamentales, en su calidad de Alcalde y Presidente del Directorio de la Cormuval", señalan los concejales en el documento presentado ante el TER de Valparaíso.
DOCUMENTOS DESTRUIDOS Y CONTRATOS CUESTIONABLES
Un segundo cargo denunciado por los ediles porteños indica que el 9 de septiembre de 2019, el Director de Control del Municipio observó que Tesorería Municipal eliminó y destruyó liquidaciones de sueldo de funcionarios, de los años 2013, 2014 y parte de 2015, tras autorización vía Decreto Alcaldicio. El problema aquí radica en que no todos esos documentos cumplían con la exigencia de tener una antigüedad de cinco o más años. Ante ello, Tesorería explicó que se trató de un "error involuntario".
Otro cargo dice relación con la contratación a honorarios de Luis Santiago Aguilar (organizador del evento «Mil Tambores»), lo cual se firmó el 27 de junio de 2019, en circunstancias que el cumplimiento del cometido se inició el 1 de junio de 2019, siendo ello constitutivo de una "falta administrativa, pues al momento del inicio de los servicios han debido encontrarse formalizadas las condiciones de la contratación, para así dar certeza sobre las mismas". Esto no ocurrió, así como tampoco se indicó si fue contratado en condición de experto.
El cuarto cargo presentado ante el TER habla de "irregularidades e ilegalidades en contrataciones efectuadas por el Municipio". En este punto mencionan un decreto que prorroga un contrato fuera de plazo con la empresa Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.; también irregularidades en la contratación de funcionarios y en el cobro de derechos municipales relacionados al Campo Deportivo Municipal Placilla y; contrataciones de personal por sobre topes máximos legales del estatuto administrativo.
En otro punto detallado por los ediles se habla de irregularidades en contratos de arriendo, mencionando lo ocurrido en el Mercado Puerto, donde se aprecia que uno de los arrendatarios se repite con los locales 15 y 23; además del arriendo de un departamento de calle Eleuterio Ramírez, por $1.500.000 mensuales, el cual ni siquiera cuenta con baño público; también el pago de 11 meses de arriendo, gastos comunas y póliza de seguro por oficinas cuyo uso no fue efectivo; el arriendo, desde mayo de 2015, de un inmueble de calle Independencia, por $1.700.000, utilizado por Pladeco y ahora por Vivienda y; el arriendo de un inmueble de calle Salvador Donoso para oficinas administrativas, lo que no ha sido concretado.
Avanzando en el documento presentado por los concejales ante el TER de Valparaíso, aseguran que la Municipalidad administrada por Jorge Sharp tiene casi un centenar de sumarios pendientes a la fecha, desde el año 2016.
COOPERATIVA RENACER
El séptimo y octavo cargo dicen relación con la contratación de la Cooperativa Renacer para el servicio de aseo de la comuna. En este punto, se indica que el alcalde Jorge Sharp ordenó contratar a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial para el servicio de provisión de 170 operarios para el departamento de aseo, por un plazo de nueve meses, por un monto máximo mensual de $129 millones, bajo la modalidad de trato o contratación directa. De esta manera, al omitir la propuesta pública, "se constituye incluso una infracción al principio de probidad administrativa", según los ediles.
Además, los ediles sostienen en la acusación por notable abandono de deberes que, en definitiva, una contratación directa que involucra fondos públicos por más de $1.000 millones "obliga a la Municipalidad a actuar con la debida eficiencia y eficacia en el manejo de los mismos, tal cual lo exigen los artículos 3° y 5° de la Ley 18.575".
Del mismo modo, se denuncia ilegalidad del decreto que ordena efectuar pagos a personal de la Cooperativa Renacer. El 22 de junio, el alcalde Sharp ordena, vía Decreto Alcaldicio, el pago de la factura N° 90 por la suma de $93,6 millones, por servicio prestado en abril por la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, instruyendo el pago íntegro de la factura, pese a que consta que no se cumplió con la totalidad de la dotación de personal exigida. Esto, debido a que un grupo de trabajadores eran mayores de 60 años y/o que presentaban enfermedades crónicas, razón por la fueron relevados de su obligación de prestar servicios, en contexto de la pandemia del Covid-19.
EL CASO DEL ADMINISTRADOR Y FALTA DE FISCALIZACIÓN DE SHARP
El noveno cargo dice relación con omisión de deberes de fiscalización al comercio ambulante, punto donde se recuerda un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre la materia. Por su parte, el otro tema habla de un incumplimiento legal en materia de normativa sobre perros vagos, recordando que a la casa edilicia le corresponde aplicar la fiscalización y rescate de todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, específicamente de los perros callejeros que deambulan por el sector de la plaza Aníbal Pinto, de conformidad a la Ley 21.020.
Los seis concejales también hacen referencia al incumplimiento en materia de normativa en auditoría sobre demolición de inmueble abandonado, recordando que "hay infracciones a obligaciones por la autoridad edilicia".
Otro punto importante que los ediles mencionan en su acusación hace mención a la destitución de Claudio Opazo como Administrador Municipal. En él se indica que "resulta del todo incomprensible que habiendo sido removido de su cargo, luego sea contratado a "Honorarios" en el gabinete del alcalde Sharp, con un sueldo superior al que tenía cuando era Administrador Municipal".
También se habla de una falta de fiscalización por parte del alcalde Jorge Sharp, donde los ediles recuerdan diferentes "puntos varios" presentados en sesiones, en que se solicitan distintas informaciones a la Administración Sharp. No obstante, aseguran que "estas respuestas no llegan; y si llegasen, estas lo hacen en un plazo absurdo, fuera de todo margen legal y además, normalmente sólo contienen respuestas evasivas o derivaciones a otros organismos e instituciones".
Otra falta de fiscalización que le atribuyen al Alcalde de Valparaíso dice relación con el contrato denominado «Normalización a la Escuela Barros Luco de Valparaíso»; con el fracaso de tres concursos públicos de selección de 15 directores de establecimientos educacionales, realizados entre octubre de 2019 y enero de 2020, con un costo superior a los $60 millones; con la ya mencionada situación sobre posible malversación de recursos de Cormuval; con el no pago de cotizaciones previsionales por más de tres meses a trabajadores de la Corporación; con las demoliciones de inmuebles; con la situación del Plan Director de Gestión Patrimonial Situación referida a la distribución de cajas de mercadería y; con la distribución de cajas de mercadería, entre otras más.
FALLOS Y FALTA DE CONTROL A PERMISOS
El 14º cargo presentado habla de una omisión en la obligación del alcalde Jorge Sharp de cumplir los fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Al respecto, se indica que "incurre en conductas omisivas, que en la práctica significan simplemente no acatar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en especial la orden perentoria de fiscalizar adecuadamente actividades comerciales, ya que con el no actuar, se ha configurado una discriminación arbitraria en materia económica a comerciantes establecidos del Mercado Cardonal, lo que en la especia significó, la privación de los mismo en uso y goce de su patrimonio, viéndose privados de sus utilidades que en el normal ejercicio de sus actividades podrían haber percibido".
En el punto siguiente se menciona una falta de control en el otorgamiento de permisos precarios para la realización de ferias y no cobro de permisos a beneficio municipal. Esto se desprende de un informe de Contraloría, publicado en su oportunidad por Puranoticia.cl, donde se detectó que estas actividades no fueron realizadas a través de la plataforma municipal, pero en su lugar, dos funcionarias recibieron de parte de un miembro de la Federación Navideña de la plaza O'iggins, una nómina con el nombre de las personas que requerirían dichos permiso.
El decimosexto cargo habla de una manifiesta conducta arbitraria e ilegal en el cierre de los ascensores Cordillera y San Agustín. De hecho, consta en sentencia del 28 de septiembre de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que la Municipalidad "ha actuado de manera ilegal y arbitraria en relación al cierre de los ascensores de los cerros Cordillera y San Agustín, los cuales son fundmentales para nuestra comunidad y que afectó a la misma con su clausura infundada".
LA GUINDA DE LA TORTA: UN CASO DE ACOSO SEXUAL
Finalmente, el último punto en cuestión se refiere a acciones y omisiones del alcalde Jorge Sharp, que configuran una vulneración manifiesta de normas legales estatutarias y de normas sobre protección a derechos humanos. Esto dice relación con los resultados de un sumario administrativo, iniciado para investigar una denuncia por acoso sexual que habría cometido un funcionario en contra de otra, hechos que fueron afirmados en dicha investigación. No obstante, el Municipio sólo sancionó al acusado con una suspensión de dos meses. Frente a esto, la abogada Jeanette Bruna, y el diputado Andrés Celis, aportaron diversos antecedentes mediante sus denuncia ante Contraloría y la querella penal presentada.
PURANOTICIA