Las luces y las sombras de la ampliación de la ruta F-20 Nogales - Puchuncaví: Los detalles ocultos, secretas negociaciones y el malestar de los vecinos al desnudo

La expansión demográfica de las comunas de Quintero y Puchuncaví fueron el principal factor tenido en cuenta para comenzar a pensar en el proyecto de ampliación de la ruta F-20, carretera que atraviesa el valle central y llega al litoral norte de la región de Valparaíso, desde la comuna de Nogales hasta la localidad de Maitencillo.

Si bien, de buenas a primeras la iniciativa parece beneficiosa tanto para residentes como para turistas, lo cierto es que ha generado una fuerte controversia entre las comunidades, principalmente de la comuna de Puchuncaví, quienes han evidenciado -estudios en mano- que su construcción traería una serie de problemas medioambientales y a su calidad de vida.

La obra, que fue licitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y adjudicada a la empresa Canopsa (Camino Nogales-Puchuncaví S.A.), consiste en la modernización y ampliación de la infraestructura de la concesión, con una longitud de 43 kilómetros, dividida en tres tramos: ruta F -20 (27 kms), by-pass Puchuncaví (7 kms) y variante Ventanas (9 kms).

El primer tramo de la ruta concesionada cuenta una calzada asfáltica bidireccional de 7 metros de ancho y sectores con terceras pistas, iniciándose en el empalme de la ruta 5 Norte y finalizando al sur de Puchuncaví donde, mediante a un enlace, se conecta con la ruta F-30-E. Para ello, se incrementará su capacidad y mejorará su transitabilidad, agregando una segunda calzada en forma paralela a la actual, readecuando estructuras y puentes, con nuevos enlaces desnivelados, pasarelas y otros. Cabe señalar que se agregan dos desvíos sobre la ruta F-30-E y con cuatro puntos de cobro.

Según da cuenta la empresa Canopsa, dentro de las contribuciones del proyecto está la modernización y ampliación de la infraestructura, lo que contribuirá a dar soporte al crecimiento regional y el desarrollo turístico costero y de la zona industrial de Ventanas. Además, afirman que la mejora del estándar técnico y los niveles de servicio de la vía dará respuesta a la creciente demanda de tráfico, descongestionará los flujos locales, mejorando la seguridad de la vía.

LA OPOSICIÓN CIUDADANA

A pesar de todas las características y eventuales beneficios que el proyecto traería consigo una vez ejecutado, lo cierto es que éste no es del agrado de la totalidad de los vecinos que tendrán frente a sus viviendas -o terrenos- una carretera. Entre las principales molestias están los eventuales daños auditivos, visuales, medioambientales, a la calidad de vida y, principalmente, debido a que el proyecto no tuvo un Estudio de Impacto Ambiental antes de ser aprobado.

Flavio Angelini vive en la localidad de Maitencillo Sur, sector de la comuna de Puchuncaví que se verá afectado por el paso de la autopista, razón por la que comenzó a tomar contacto con sus vecinos, llegando a tener la vocería de una comunidad que congrega a cuatro condominios, que se traducen en 158 familias, equivalentes a unas 1.000 personas.

En conversación con Puranoticia.cl, el vocero de la comunidad explicó que "esta ruta vulnera totalmente los derechos ciudadanos a tener un ambiente libre de contaminación, la que tiene que ver con contaminación acústica y visual, pues la carretera pasa a 30 o 40 metros de las viviendas. Tenemos un estudio, hecho por una consultora muy prestigiosa, que habla de que la carretera así como está considerada, vulnera totalmente los niveles que las personas pueden resistir sobre el tema auditivo. Además, visualmente se construye a una altura de 9 metros, más alto que un poste de energía. Entonces usted tendría una mole de cemento que rompe con la tranquilidad de quienes vivimos ahí".

Pero esto no es todo, pues Angelini asegura que la ampliación de la carreterea también vulnera el medio ambiente: "Afecta a la flora, ya que hay corte de árboles nativos, de bosques; afecta a la fauna local, en el trayecto de Puchuncaví a Maitencillo Sur. Afectará a los hallazgos arqueológicos. Por tanto, consideramos que esta ruta es un total despropósito, que es ilegal, pues el MOP y Canopsa no quisieron ingresarla al Sistema de Evaluación Ambiental, donde podríamos haber sido informados para mejorar este proyecto, para ser consultados en los procesos de participación. Esperamos que el Estado recapacite y no haga esta variante Puchuncaví - Maitencillo".

Otra manera de graficar la molestia de los vecinos radica en cómo fueron notificados del proyecto: "No se nos preguntó la opinión, pues vinimos a conocer del proyecto cuando los vecinos fueron notificados de las expropiaciones de sus casas. En otras palabras, cuando alguien del Ministerio de Obras Públicas (MOP) les tocó sus puertas para decirles que sus casas o sus terrenos fueron expropiados por el Estado", indicó Angelini en conversación con Puranoticia.cl.

OFICIOS DE LA CÁMARA A MINISTERIOS

Toda esta oposición al proyecto fue llevada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, donde el parlamentario de la región de Valparaíso, Daniel Verdessi Belemmi (DC), expuso el problema de estas comunidades ante sus pares de la instancia presidida por Ricardo Celis Araya (PPD), concluyendo en la presentación de sendos oficios a los Ministerios del Medio Ambiente y de Obras Públicas, para que presenten sus argumentos del por qué no se ha hecho un Estudio de Impacto Ambiental de la construcción y ampliación de la carretera F-20.

"Los vecinos están afectados por la construcción de esta ampliación de la ruta F-20, que une la ruta 5 Norte, por Nogales, hasta Puchuncaví. En esta ruta se amplía de dos a cuatro vías y construye un nuevo acceso a Maitencillo, lo que implica una nueva ruta de 14 kilómetros, con un impacto de daño ambiental, pero en la ampliación no se hace un Estudio de Impacto Ambiental. Hoy, esta obra tiene un 30% de avance, y entre sus daños están la tala de cinco árboles Bellotos del Norte, lo cual es un delito ambiental resultando la empresa multada", indicó el diputado Verdessi.

Por ello, adelantó que solicitó "oficios al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas para saber por qué no realizaron un Estudio de Impacto Ambiental y si tienen clara la magnitud del daño ambiental que realizan al cortar bosque nativo y si existe un plan de manejo, composición o reposición de las especies cortadas y que, entiendo, no existe. A Conaf, pedirle el detalle de su participación y de sus atribuciones cuando talan especies protegidas, pues nos consta que las empresas sólo reciben multa".

Quien también abordó el conflicto fue el diputado Diego Ibáñez Cotroneo (CS), quien dijo que "la comunidad Los Maquis y Los Maitenes están batallando contra la autopista F-20 que quiere conectar Puchuncaví con Nogales, pero sin un Estudio de Impacto Ambiental. Hemos ido a revisar las vertientes que están destruyendo y el bosque nativo que está en peligro, y justamente no prosperará con la construcción de esta extensión de la carretera. Todo el apoyo a la comunidad y vamos a estar fiscalizando y oficiando para que esto no avance y se proteja el bosque nativo y este lugar, que es hermoso".

¿NEGOCIACIONES INMOBILIARIAS SECRETAS?

Los alcances del controvertido proyecto también llegaron hasta el Senado, precisamente a la Comisión de Medio Ambiente, donde una de sus integrantes, la senadora Isabel Allende Bussi (PS), explicó al respecto que "desde el 2020 que estamos trabajando con la comunidad para darle a conocer al Ministerio de Obras Públicas los impactos ambientales de esta carretera y evitarla. En principio, logramos que el Subsecretario del MOP se reuniera con los comuneros en el territorio y, en conjunto, se acordaran mejoras en el trazado de la ruta y así no se afectaran vertientes y especies nativas".

Dicha gestión dio resultados para algunos comuneros, pero la legisladora socialista advirtió que "existen otros sectores que no han recibido la misma atención, por lo que es urgente que exista mayor proactividad por parte de la autoridad de Gobierno".

"Creemos que el MOP debe aclarar y transparentar los temas tratados en la reunión que sostuvo con el titular de un proyecto inmobiliario -que busca construir más de 14 mil viviendas en el sector- pues los habitantes de la zona tienen justo temor y desconfianza en que el real objetivo de construir esta ruta sea beneficiar este proyecto, en desmedro de la comunidad en general. Insistimos que la autoridad debe promover y mostrar una actitud participativa, considerando el hermetismo con que se ha tratado la situación, al decir de los propios comuneros", añadió Allende.

Es por todo esto que afirmó que "desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado se ha acordado el envío de oficios dirigidos el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, al MOP y Conaf. Lo que estamos constatando es que no se ha realizado una verdadera participación ciudadana y es evidente que sólo bastaría algo de voluntad para mejorar el relacionamiento con las y los vecinos del sector".

"Al decir de los habitantes del lugar, esta nueva variante de la ruta agrede y causa daños en las condiciones de vida en los condominios existentes, igualmente a la naturaleza, particularmente a especies como naranjillos y bellotos, que son muy importantes de preservar. Recordemos que este sector es considerado tristemente como una zona de sacrificio, y este tipo de acciones que no consideran la real participación de los habitantes del territorio, solo agudizan esta sensación de indefensión y abandono", concluyó la Senadora de la región de Valparaíso.

ACCIONES LEGALES

Con la intención de frenar el avance de este proyecto que, recordemos, presenta un 30% de avance, los vecinos de las localidades afectadas presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la concesionaria Canopsa, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En concreto, se buscaba obligar al MOP y a la concesionaria a ingresar este proyecto al SEA, con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el cual se detuviera la ampliación de la ruta F-20 y la construcción de dos nuevas variantes: Puchuncavi- Maitencillo y Maitencillo-Ventanas. No obstante, la instancia sufrió un revés judicial.

Tras ello, presentaron una apelación ante la Corte Suprema, la cual también fue rechazada.

Pero la comunidad no se va a quedar ahí, pues según indicó Flavio Angelini a Puranoticia.cl, "estamos evaluando, junto a la comunidad y abogados, presentar un nuevo recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con nuevos antecedentes que acrediten el impacto. Tenemos tres estudios, financiados con fondos propios de la comunidad, ya que el Estado no lo hizo: se trata de un estudio arqueológico, un estudio de ruido y un estudio de flora. Esperamos que en un nuevo recurso de protección sea considerado en su profundidad".

Junto a ello, Angelini adelantó una segunda carta bajo la manga: "Estamos evaluando acudir a la Superintendencia del Medio Ambiente para pedir que se vaya a foja cero, que se anule el permiso que le dio el SEA a Canopsa, porque lo que hizo la concesionaria fue pedir una pertinencia. Creemos que el SEA se equivocó, porque dicen que con los antecedentes presentados por Canopsa, autorizamos esta construcción. Creemos que un servicio del Estado no puede creerle a pies juntillas a un privado sobre los estudios que informa, sino que tiene que hacer las evaluaciones y análisis".

"El estudio de Canopsa falta a la verdad del conocimiento del territorio, porque no se hizo un micro-ruteo como debe hacerse un proyecto de esta naturaleza en temas medioambientales. Entonces queremos pedirle a la Superintendencia que analice ese permiso y lo deje sin efecto, lo que significa que la obra debe parar en ese instante y someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, que es lo que debería haber ocurrido desde el primer momento", concluyó.

Cabe indicar que Puranoticia.cl se intentó contactar con la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso para consultarle sobre el tema, sin embargo indicaron desde esta cartera que el tema lo estaba viendo directamente el Ministerio de Obras Públicas, en Santiago. Consultada la Dirección de Concesiones del MOP, no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota.

(Imágenes: 24 Horas)

PURANOTICIA