Graves faltas de la Intendencia de Valparaíso, beneficios duplicados y rendiciones inexistentes de Gobernadores: Contraloría devela el verdadero manejo de las cajas de mercadería

Con el objetivo de fiscalizar la ejecución de los contratos con proveedores, las delegaciones de facultades a Gobernaciones y los convenios suscritos por la Intendencia de Valparaíso, en el marco del plan «Alimentos para Chile» ejecutado entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2020, la Contraloría Regional de Valparaíso inició una auditoría que incluyó la revisión de procedimientos y controles de la distribución de las cajas de mercadería, la validación de los beneficiarios y el pago a los transportistas que distribuirían las respectivas ayudas dispuestas por el Gobierno.

Así es como el ente que fiscaliza a los organismos e instituciones del Estado emitió un Informe Final, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, y que da cuenta de al menos 10 irregularidades cometidas por la Intendencia de Valparaíso durante este proceso y que, por ejemplo, hablan de millonarios pagos a proveedores sin que se cumpliera lo establecido en contratos; falta de antecedentes respecto a la forma en que se conoció al principal proveedor de las canastas; diferencias entre los registros del organismo que lidera Jorge Martínez Durán y lo recibido por Municipios, entre otras situaciones que pasaremos a detallar.

PLAN «ALIMENTOS PARA CHILE»

El origen de esta situación se remonta al 22 de mayo de 2020, cuando el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprueba recursos por $4.000 millones ($4.000.000.000) para la adquisición, transporte y entrega de alimentos en el marco de la pandemia del Covid-19, monto al que luego la Subsecretaría del Interior adicionó otros $2.100 millones ($2.100.000.000) para que la Intendencia ejecutara el programa «Alimentos para Chile». Es así como el organismo contrata, vía trato directo, al proveedor Central de Compras La Calera S.A. (Cencocal S.A.).

Luego, el 15 de junio de 2020, nuevamente la Subsecretaría del Interior transfiere fondos a la Intendencia por $3.226 millones ($3.226.210.000) para adquirir otras 47.587 cajas de alimentos, pensadas para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, que días antes habían iniciado su primera cuarentena total. Posteriormente, se transfieren otros $1.884 millones ($1.884.493.500) para otras 50.495 cajas de alimentos, esta vez para San Antonio, San Felipe, Los Andes y Quillota. 

De este modo, con dichos dineros, el organismo liderado por Jorge Martínez contrató, vía trato directo, la adquisición de cajas de mercadería con Cencocal S.A. (173.018), Sudamericana SpA. (66.797) y La Caserita Ltda. (40.000).

Es así como la Intendencia, dentro de los antecedentes proporcionados, menciona que entre el 1 de junio al 30 de noviembre desembolsó $9.793.517.148 para «Alimentos para Chile», a través de ocho egresos. Además, se consideraron los pagos realizados por las Gobernaciones Provinciales a los transportistas encargados de la distribución de las cajas, cuyas partidas totalizan $292.083.000, cifra que representa el 44,05% del universo en esta materia.

PAGOS INCUMPLIENDO CONTRATOS

Ya en cuanto a los resultados de la investigación desarrollada por Contraloría, se advierte que la Intendencia Regional de Valparaíso efectuó pagos a los proveedores, por un monto de $8.981.832.148, en razón de las canastas de alimentos adquiridas para las distintas comunas de la región.

Ahora bien, cotejados los acuerdos firmados con las empresas, se verificó que en la cláusula decimoquinta se estableció que el pago estará condicionado a la total tramitación de la resolución que aprueba el acuerdo entre las partes, situación que, a la fecha del oficio que comunica resultados preliminares de la auditoría (10 de diciembre), no había acontecido.

En efecto, de acuerdo con los registros del Sistema Informático de Tramitación Electrónica de Documentos (Sistradoc) de Contraloría, al 2 de diciembre de 2020, la Intendencia aún no reingresaba para su examen de legalidad definitivo las resoluciones que aprobaban las adquisiciones en estudio, efectuadas en los meses de junio y julio del año 2020, documentos que fueron retirados en dos oficios de noviembre, situación por la cual no debieron efectuarse los respectivos egresos, pues ello vulnera la cláusula decimoquinta de los pactos firmados entre las partes.

Esta situación "incumple los principios de escrituración, celeridad y conclusivo, así como los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación e impulsión de oficio del procedimiento", según establece el ente de control.

CENCOCAL S.A. Y CAMBIOS DE PRODUCTOS

Otra de las irregularidades detectadas dice relación a que la Intendencia Regional no proporcionó antecedentes suficientes que permitieran aclarar la forma en que tomó conocimiento de la existencia del proveedor Central de Compras La Calera S.A. (Cencocal S.A.), ni sobre la manera en que accedió a sus datos de contacto.

Tampoco se pudo establecer cómo el máximo organismo del Ejecutivo a nivel regional se enteró de los términos que regirían para la contratación, no siendo posible determinar si la referida empresa contó con información anticipada acerca de las condiciones de compra de los bienes y servicios, al haber entregado su cotización en una fecha posterior al pronunciamiento del Consejo Regional de Valparaíso. 

Por este motivo, la Intendencia Regional de Valparaíso deberá, en lo sucesivo, mantener todos los antecedentes que respalden sus procesos de adquisición, para evitar que hechos como los descritos se reiteren en un futuro.

Pero esto no es todo, pues también se detectó que la entidad regional no autorizó los cambios de productos contenidos en las canastas de alimentos y las modificaciones en sus gramajes, todos realizados por los proveedores Cencocal S.A., La Caserita y Sudamericana SpA. En este contexto, se comprobó la existencia de falta de productos y/o cantidad de éstos para armar la totalidad de las canastas comprometidas, los cuales son reemplazados por otros productos, sin considerar la equivalencia nutricional alimentaria de los mismos.

Este hecho incumple con lo establecido en el artículo 9° de la resolución exenta N° 3.230, de 29 de mayo de 2020, de la Intendencia Regional de Valparaíso, que autoriza compra, vía trato directo, para la adquisición de 85.714 cajas de alimentos para enfrentar la pandemia de Covid-19 con el proveedor y condiciones que indica, donde se consignan los productos con los que deben contar las canastas de alimentos. 

ENTREGAS DUPLICADAS Y "ERRORES" DE GOBERNACIONES

Continuando con las conclusiones de Contraloría ante esta auditoría desarrollada al proceso del plan «Alimentos para Chile», se pudo comprobar la existencia de 212 beneficiarios que recibieron más de una canasta de alimentos, situación que también incumple lo establecido en los convenios firmados con los Municipios y las instrucciones del ente fiscalizador.

Por ello, la Intendencia Regional de Valparaíso deberá analizar las rendiciones o informes de gestión presentados por los municipios y justificar documentadamente todos aquellos casos en que hubo duplicidad en la entrega del beneficio, lo cual será verificado en una próxima visita de seguimiento.

También se determinó una diferencia de 777 cajas de alimentos entre los registros de la Intendencia y las recepciones informadas por los municipios de Quilpué, San Antonio, Villa Alemana, Viña del Mar y San Felipe, por lo que la entidad fiscalizada deberá coordinarse con esas entidades edilicias, a fin de aclarar las discrepancias señaladas.

Además, se estableció que las Gobernaciones de Marga Marga, San Antonio, Los Andes y San Felipe no efectuaron las rendiciones de las transferencias recibidas para el pago a los transportistas que efectuaron la distribución de las cajas de alimentos en las comunas pertinentes.

En este mismo sentido, se estableció que siete vehículos de transporte escolar, informados por la Municipalidad de Viña del Mar, no figuraban entre los registros mantenidos por la Gobernación Provincial de Valparaíso.

MUNICIPIOS EN LA MIRA

El Informe Final de Contraloría también indica que se constató que los municipios de La Calera y Valparaíso no dieron cumplimiento al plazo estipulado para presentar las rendiciones de cuentas o informes finales.

Asimismo, se refirieron a la existencia de cajas de mercaderías que la administración de Jorge Sharp, en la Ciudad Puerto, no habría entregado a los beneficiarios finales, y que se encontrarían en la bodega Simón Bolívar. A partir de esto, se le ordenó a la Intendencia aportar la documentación que dé cuenta de las rendiciones realizadas, junto con efectuar una fiscalización a dicha bodega, para verificar el estado en que se encontrarían dichas canastas. 

Esto, con el objetivo de que se solicite su reposición o, en su defecto, que sean distribuidas en los sectores que corresponda.

Casi al concluir el documento, se determina que las municipalidades examinadas no identificaron los domicilios de los beneficiarios en las rendiciones de cuentas presentadas, acorde a las unidades vecinales aprobadas por la Seremi de Desarrollo Social, lo que incumple la cláusula cuarta de los convenios celebrados al efecto. 

Finalmente, se indica que la cláusula primera de los acuerdos suscritos con los municipios examinados resultó insuficiente para la obtención del objetivo final de las cajas de alimentos, toda vez que en los sectores, barrios y calles donde se efectuó su distribución, algunos de los beneficiarios no vieron afectados sus ingresos. Además, tampoco se obtuvieron mayores antecedentes sobre si los beneficiarios se encontraban dentro de las familias más vulnerables.

PURANOTICIA