Fiscalía inicia investigación de oficio a polémica fiesta de funcionarios municipales en Quillota: arriesgan hasta 3 años de prisión

La Fiscalía de Quillota inició de oficio una investigación a raíz de la celebración de un cumpleaños llevada a cabo por cerca de 30 funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), de la Municipalidad de Quillota, al interior del gimnasio Corvi, lugar donde se realizaba el acopio de cajas de mercadería que se distribuirían a la población local.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, en un recinto municipal hasta donde llegaban las cajas para los vecinos más vulnerables, siendo particularmente grave lo ocurrido, ya que son justamente estos funcionarios municipales los encargados de entregar la ayuda a las familias quillotanas. Y más aún, tomando en consideración que muy pocos contaban con elementos de protección de cara al Covid-19.

Al respecto, el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, explicó que "se reunieron de manera masiva con la finalidad de celebrar un cumpleaños. Al haber tomado conocimiento de ese hecho y siendo configurativo de un delito que está expresamente establecido en el artículo 318 del Código Penal, la Fiscalía de Quillota inició una investigación de oficio, con miras a establecer la participación de cada uno de los integrantes de esa reunión".

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​Cabe señalar que a raíz de la pandemia del coronavirus, se realizó una modificación en el Código Penal, que pone como agravante este tipo de actos, tal como lo explicó el persecutor de Quillota.

"Se trata de un hecho grave por cuanto, precisamente, este tipo de reunión o celebración fue objeto de una modificación legal el pasado 20 de junio donde, a través de una ley, se modificó el Código Penal y se estableció específicamente que era una circunstancia agravante el hecho, precisamente, de convocar o reunirse en celebraciones que estén prohibidas por la autoridad sanitaria", explicó el fiscal jefe, César Astudillo.

Esta mala utilización del recinto originó un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud de Valparaíso, además de un sumario administrativo, solicitado por el alcalde Luis Mella.

De igual forma, obligó a la realización de exámenes de PCR a todas las personas que participaron de la actividad.

"En razón de eso, las personas, una vez identificadas, se pretende llevarlas a una audiencia y en el evento de ser condenados, siendo esto una circunstancia agravante, se puede aplicar la pena más elevada, esto es de 541 días a tres años de privación de libertad", añadió Astudillo.

Vale hacer presente que esta investigación está en pleno desarrollo y que podría tener a futuro a sus participantes formalizados.

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