Empresa ligada a la UDI estuvo a cargo de la "nefasta" producción de la Convención Constitucional: La Moneda la contrató por $450 millones sin licitación previa

Alta expectación existía este lunes 5 de julio en el ex Congreso Nacional de Santiago, lugar donde los 155 ciudadanos darían inicio a la primera sesión de la Convención Constitucional, a las 15:00 horas, con el objetivo de comenzar este camino que termine en la redacción de una nueva Constitución que rija los destinos del país por las próximas décadas.

Cumplida la hora fatal para presentarse, se apreciaba que no todos los constituyentes habían llegado al edificio ubicado a pasos de la Plaza de Armas, razón por la que solicitó un plazo prudente para esperarlos. Así pasaron 90 minutos, hasta que se decidió hacer ingreso al salón y dar inicio a la primera sesión de este órgano.

Una vez instalados en el salón principal, se observó que no se respetaba medidas sanitarias básicas como el distanciamiento social, por lo que se decidió habilitar otras tres salas para que pudiera haber un espacio más holgado entre las autoridades. Ya ubicados todos en sus asientos, aparece un nuevo dolor de cabeza: problemas de conexión.

Según explicaron los constituyentes, las salas alternativas no estaban conectadas a la principal, por ende no escuchaban ni se podían comunicar con sus otros pares, además de no estar instalados los televisores, los cuales recién comenzaron a llegar a eso de las 14:00 horas, vale decir a escasos minutos de iniciar la sesión.

Todo este bochornoso momento culminó con la suspensión de la sesión de la Convención Constitucional, argumentando que no existían las medidas sanitarias ni de conectividad para poder comenzar a trabajar. Esto vino acompañado de una serie de acusaciones, apuntando principalmente al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y al coordinador entre el Gobierno y la Convención, Francisco Encina. Por su parte, convencionales de derecha culparon a la mesa por no prever lo que podría pasar.

CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO

Pero, ¿quién está detrás de la producción en torno a la Convención Constitucional? Según pudo constatar Puranoticia.cl, a través de Mercado Público, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) contrató el viernes 2 de julio -vía trato directo, es decir, sin licitación previa- a la empresa Street Machine Corp S.A., a la cual se le pagaron $450 millones ($450.097.027).

Bajo el nombre de «Producción de la primera sesión de la Convención Constitucional», la Segpres contrató a esta empresa para que prestara los servicios relacionados al arriendo de micrófonos y de internet, entre otras prestaciones que debía llevar a cabo y que, a la luz de lo ocurrido, no aconteció así.

En concreto, Street Machine Corp S.A. debía proporcionar mesas, sillas, una carpa de prensa, un área de sanitización, además del arriendo de micrófonos e internet, todos estos elementos para que los 155 constituyentes pudieran desarrollar de buena manera su trabajo en este órgano que redactará una nueva Constitución para Chile.

También se informó que esta empresa estaba a cargo de gestionar los traslados aéreos y terrestres de los constituyentes, además de los alojamientos de quienes lo requieran por vivir en otras regiones.

LA EMPRESA A CARGO

Street Machine Corp S.A. es propiedad de Paul Morrison Cristi, hijo de María Angélica Cristi, ex diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y ex socio del diputado Joaquín Lavín León, también de la UDI, con quien fundó la ya desaparecida discoteque Aeropuerto, ubicada en plena ruta 68, comuna de Pudahuel, así lo dio a conocer el medio Interferencia.cl

Pero esto no es todo, pues esta empresa también fue contratada el año 2016 por la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para construir una «Casa de Jenjibre» y proyectar un material audiovisual, iniciativas que le costaron $44 millones a la Municipalidad de esta comuna de la región Metropolitana. Cabe recordar que la ex jefa comunal es la esposa de Joaquín Lavín León quien, como ya mencionamos, fue socio del dueño de Street Machine Corp S.A..

En aquella oportunidad, la Municipalidad de Maipú pagó $22.372.000 por la «Casa de Jengibre» y $22.491.000 por la proyección audiovisual, en un trabajo que -según indicaron empresas especializadas en proyecciones- no costaba más de $5 millones, considerando que se trataba de sólo 10 minutos de imágenes relacionadas a la Navidad.

PURANOTICIA