Congreso despachó ley que crea universidades estatales en O’Higgins y Aysén

Según se indica en la normativa, ambas universidades son instituciones de educación superior estatal, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de ambas regiones.

Con el objeto de apoyar la instalación y la puesta en marcha de las nuevas universidades, el fisco aportará a ellas, a contar del momento en que se apruebe este proyecto de ley, recursos para el arrendamiento y gastos de operación necesarios para que los rectores nombrados puedan dar, junto al equipo que lo asesorará, inicio a las actividades de conformación de las nuevas entidades de educación superior.

Estos recursos serán entregados a partir del mes en que ocurran dichos nombramientos y se estima que representarán un gasto fiscal mensual del orden de $65 millones por cada universidad.

En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades.

Se estima que ello representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una. Mediante decreto supremo se establecerá la participación en el Aporte Fiscal Directo del artículo 2° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981, de cada una de estas nuevas universidades a contar del año de inicio de su actividad académica.

Una vez que se transforme en ley este proyecto, la Presidenta de la República tendrá 30 días para nombrar a los rectores y un año para dictar los estatutos que regulen ambas instituciones, a propuesta del rector respectivo. En esta propuesta se incluirá la fecha en que ambos planteles empezarán a funcionar.

El Senado incluyó una norma que establece que la nueva universidad deberá someterse, en un plazo máximo de siete años contados desde el nombramiento del primer rector, al proceso de acreditación o el instrumento que la reemplace. Si no obtiene la acreditación, podrá nombrarse un administrador provisional.

Con todo, la universidad se someterá a una evaluación de su gestión institucional en el plazo de cuatro años desde el nombramiento del primer rector. Esta evaluación será realizada por la Comisión Nacional de Acreditación, o el organismo que la reemplace.

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CL/Aton Chile