Comisión para el Mercado Financiero por rentas vitalicias: Los fondos son de las aseguradoras, no del pensionado

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) expuso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca anticipar el pago de las pensiones otorgadas bajo la modalidad de rentas vitalicias y que fue aprobado en la instancia.

A juicio de la CMF, la iniciativa legal generaría importantes complejidades jurídicas. Su vicepresidente Kevin Cowan subrayó que, a diferencia de lo que ocurre con la modalidad de jubilación vía retiros programados en las AFP, en las rentas vitalicias no existe una cuenta personal de fondos susceptibles de retiro.

Indicó que, al momento de la jubilación, el pensionado por renta vitalicia transfiere sus recursos a una compañía de seguros de vida, la que se hace propietaria de los fondos. A cambio de eso, la aseguradora asume la responsabilidad de pagar la renta vitalicia acordada hasta su fallecimiento y posteriormente las pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios, en caso de que existan.

A juicio de la Comisión, el proyecto afecta la intangibilidad de los contratos y los derechos de propiedad de las compañías. "La iniciativa no genera un retiro de fondos, sino que un cambio de los contratos de renta vitalicia", precisó Cowan.

Añadió que este cambio podría afectar la visión de diversos actores sobre la certeza jurídica en Chile y, en particular, incidir en la disposición de futuros inversionistas en la industria de seguros. Ello es particularmente relevante en un país de altos riesgos y donde persisten importantes brechas de cobertura de seguros.

EFECTOS EN LA SOLVENCIA

En su presentación, la CMF señaló que las iniciativas podrían tener efectos importantes en la solvencia de las compañías de seguros de vida.

Recordó que actualmente existen en el país 645 mil pensionados en la modalidad de rentas vitalicias (53% hombres y 47% mujeres) a través de compañías de seguros de vida.

Además de las rentas vitalicias, se trata de una industria que proporciona otros seguros a la población: contratos de seguros de vida con más de 2,5 millones de personas, coberturas complementarias de salud para 7 millones de personas y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) para toda la fuerza laboral.

A diferencia de las AFP, las compañías de seguro invierten una fracción importante de sus recursos en activos de largo plazo ilíquidos. Al forzarlas a vender activos para permitir pago adelantado de cada pensionado, en un plazo breve, se podría generar pérdidas en dicha venta, ampliando los riesgos de solvencia de las mismas.

Adicionalmente, Kevin Cowan subrayó el impacto fiscal de la iniciativa ya que, al disminuir el monto de las pensiones tras un eventual retiro, aumentaría la fracción de personas que tendrían que recibir transferencias públicas para completar las pensiones mínimas garantizadas.

Asimismo, de acuerdo a la legislación vigente, en caso de incumplimiento con el pago de pensiones debido a problemas de solvencia de una aseguradora, es el Fisco quien debe asumir la garantía estatal de las rentas vitalicias.

PURANOTICIA