Miércoles 2 de septiembre de 2020 10:34
Ex fiscal del caso SQM niega acusaciones de "persecución política" hechas por Longueira: "No puede estar más alejada de la realidad"
Carlos Gajardo indicó que con su acusación, "lo que hace es desviar la atención de que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado".
El ex fiscal del caso SQM, Carlos Gajardo, negó que los delitos de cohecho que se le imputan en la causa a Pablo Longueira hayan sido un medio de persecución política en su contra.
En entrevista con radio Coooperativa, Gajardo criticó que Longueira haya acusado a la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, como responsable de una supuesta persecución comunista.
"Probablemente, con su acusación, lo que hace es desviar la atención de que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, y que sus decisiones se toman de manera colegiada, y cuando el Consejo decidió querellarse en esta causa, el presidente era Juan Ignacio Piña, un destacado abogado, que fue ex ministro de Sebastián Piñera", recordó Gajardo.
Además, el ex persecutor señaló que "actualmente el presidente del CDE es Juan Antonio Peribonio, destacado abogado también y ex intendente del Gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, esa acusación de persecución política no puede estar más alejada de la realidad".
Sobre la relevancia de sacar a colación la causa que el ex senador tiene pendiente ahora que volvió a la política activa, Gajardo explicó que "lo concreto es que dentro de las imputaciones que se han hecho, justamente las más graves se le hicieron a Pablo Wagner, condenado por corrupción en el caso Penta; a Jaime Orpis, acusado de cohecho y fraude al Fisco, también en SQM, y a Pablo Longueira".
El ex senador y ex ministro de Energía, Pablo Longueira, está acusado por cohecho en el caso SQM, y fue sobreseído por delitos tributarios, debido a que el Servicio de Impuestos Internos no presentó denuncia o querella nominativa en su contra.
En julio de 2019, la fiscalía acusó a Longueira por cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero y pidió dos años y tres meses de cárcel, además de una multa total de $253 millones. Aún no va a juicio.
PURANOTICIA