Economistas cuestionaron ante diputados el proyecto que crea impuesto a los "súper ricos"

Economistas de diversos sectores dieron a conocer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sus planteamientos respecto a la tramitación de la reforma constitucional para establecer, por única vez, un impuesto a los "súper ricos", destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia.

El proyecto, presentado en junio de 2020 por parlamentarios/as de partidos de oposición al Gobierno, propone una tasa de gravamen de 2,5% a personas domiciliadas en Chile, sobre su patrimonio bruto, igual o superior a $22 millones de dólares.

En primer lugar, expusieron los economistas Rodrigo Valdés y Alejandro Micco, exautoridades del Gobierno de Michelle Bachelet, que plantearon ideas de una mesa de trabajo del pacto Unidad Constituyente, integrada por economistas y abogados que abordan el tema de la carga tributaria en el país.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, consideró que el impuesto a los "súper ricos" es un tema que se puso de moda en el último tiempo. Sin embargo, indicó que, según cifras de países de la OCDE, de 12 naciones se pasó a cuatro (dentro de los cuales están España y Suiza), que mantienen dicha carga impositiva. "No se recauda lo esperado, tiene efectos colaterales y no es igual que el impuesto a la propiedad", afirmó.

Además, criticó que la iniciativa se refiera al patrimonio bruto y no neto, lo que calificó como "un mal diseño", al tiempo que dijo que "no es creíble que se aplique una sola vez". Finalmente, sostuvo que "hay mejores políticas tributarias para recaudar".

Por su parte, Alejandro Micco, que se desempeñó anteriormente como subsecretario de Hacienda, indicó que "estamos frente a un panorama económico y social complejo, donde no se ha recuperado el empleo".

Agregó que, de acuerdo a los estándares internacionales, el impuesto se aplica al patrimonio neto, por lo que establecerlo al bruto "es poco creíble". Asimismo, planteó que fijar como fecha el 31 de diciembre de 2019 para considerar bienes e ingresos, es conflictivo, porque los millonarios ya han movido su riqueza a otros países.

Planteó que otros impuestos ayudan a la redistribución del ingreso, como el de propiedad, herencia y regalos, así como el de consumo (IVA); junto con establecer políticas concretas para combatir la elusión y la evasión, dando más herramientas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y eliminando exenciones inútiles.

IMPUESTOS Y PANDEMIA

Por su parte, el economista Fernando Carmona, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, graficó los efectos de la crisis por la pandemia en la distribución de ingresos en el continente con 209 millones de pobres, al final de 2020, y un aumento de 22 millones, en el último año.

Explicó que el tramo de 22 millones de dólares se elije porque significa 30 veces el ingreso medio per cápita de un país, es decir, son personas que viven de intereses de intereses.

Con ello, acotó, se podría recaudar 3.909 millones de dólares en impuesto, por una vez, con ajuste por evasión, lo que estimó relevante en momentos de pandemia. Además, sostuvo que dicho impuesto generará desincentivos al súper consumo o que se ahorre en paraísos fiscales.

En tanto, el profesor de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, quien también hizo referencia a las cifras de la OCDE, coincidió en que la base imponible debe ser la riqueza neta y no la bruta, ya que se deben descontar las deudas.

El economista consideró como desventajas del proyecto el hecho que disminuye el ahorro y la rentabilidad de este. Además, criticó que se produzca una doble tributación (utilidades empresa, ganancias financieras, herencias); se avance en gravar a dos contribuyentes de igual modo, pese a que existen ganancias o pérdidas del patrimonio; que exista cambio de domicilio tributario, porque personas se van al exterior; y que se inhiba la inversión de capital de riesgo. Además, cree que es una propuesta inconstitucional.

Asimismo, Hermann González, coordinador del Área de Macroeconómica de Clapes UC, consideró el impuesto al patrimonio como una propuesta deficiente, que tensiona el marco constitucional vigente, porque establecer impuestos es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Adicionalmente, refutó que se destine a un fin específico, lo que no se puede hacer.

Agregó que, de establecerse dicho impuesto, existirían efectos macroeconómicos como la salida de capitales, así como menores incentivos al ahorro y a la inversión. Asimismo, acusó fallas de diseño, ya que el impuesto igual o sobre 22 millones de dólares, no considera la gradualidad. "Va al todo o nada", remarcó.

Finalmente, Sebastián Izquierdo, director del Centro de Estudios Horizontal, expresó que, luego del 18 de octubre y con la pandemia, es válido que exista este debate por buscar recursos que cubran las necesidades sociales, pero insistió que los cambios tributarios no son suficientes para financiar mayores gastos sociales.

Agregó que para poder recuperar empleos no es buena idea subir los impuestos y consideró que la norma tiene visos de constitucionalidad. Agregó que el impuesto al patrimonio tiene poca efectividad en la recaudación respecto al PIB y su cobro tiene altos costos administrativos.

PURANOTICIA