Despachan proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a cárceles

Con la presencia telemática del ministro de Justicia, Hernán Larraín, las y los integrantes de la Comisión de Constitución aprobaron, en general y en particular, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

La iniciativa, que será informada en la Sala por la diputada Camila Flores (RN), establece que quien sin estar legal o reglamentariamente autorizado para ingresar a centros penitenciarios intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Lo mismo para quien intente o permita, por cualquier medio, el ingreso de estos elementos.

Además, la norma aprobada por la mayoría de quienes integran la comisión, establece que si estas conductas fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público la pena no se aprobará en su grado mínimo y además llevará la inhabilitación absoluta o temporal del ejercicio de su profesión o cargo.

En el debate de la instancia, la diputada Camila Vallejo (PC), junto al diputado Diego Ibañez (CV) plantearon sus reparos a los alcances de la iniciativa que, a su juicio, establecería una sanción muy alta contra quienes, en este escenario de limitaciones a las comunicaciones que sufren las y los internos productos de la crisis sanitaria por Covid-19, intentan mantener contacto con sus familias, sin ánimo de cometer delitos.

Frente a esto, desde el gobierno se señaló que no es posible prever la motivación que hay detrás del ingreso de este tipo de elementos a los centros y que para mantener las comunicaciones y bienestar de las y los reclusos existen vías habilitadas y controladas por el personal capacitado.

Ex coordinador Macrozona Sur

Previo al inicio del debate del proyecto, la comisión acordó invitar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y al de Defensa, Blado Prokurica para que se refieran a las declaraciones del ex coordinador de la Macrozona Sur, Cristián Barra.

En entrevista con un medio de circulación nacional, el ex coordinador habría señalado que desde las instituciones militares "llegan a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas" y criticó a las Fuerzas Armadas señalando una "falta de voluntad" a la hora de proporcionar capacitación a Carabineros.

PURANOTICIA