Defensa de Felipe Guevara: "Nada vincula al Intendente jurídicamente con violaciones a DD.HH."

Los diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Naranjo (PS) y Diego Ibáñez (CS) expusieron ante el Senado los argumentos de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

La parlamentaria sostuvo que "es imposible empezar esta acusación sin entender el contexto social, político, que está viviendo el país y que en forma particular vivió los días que a esta acusación le toca estudiar, como son los días 20 y 27 de diciembre", aludiendo a que todo comenzó el 17 de diciembre cuando el intendente anunció "tolerancia cero" a las movilizaciones no autorizadas, consigna Emol.

"A uno le cuesta pensar que un intendente, frente a la zona cero, al lugar más complejo que hoy día tiene el país, se desentienda de todo y que se lave las manos porque 'Carabineros tuvo la culpa'", sostuvo.

"La única pregunta que nadie contesta es quién es el responsable de esto. Para la Cámara de Diputados es el señor Felipe Guevara el responsable como intendente de la región Metropolitana", reafirmó la diputada.

Al turno del diputado Naranjo, éste señaló que "no es casualidad que en este periodo de crisis hayan sido acusados el Presidente de la República, el ministro del Interior y ahora el intendente de la Región Metropolitana".

"Es un derecho inherente a la dignidad de las personas, es un derecho de participación democrática y por ende una garantía basal del Estado de Derecho, por tanto, senadores es obligación de las autoridades garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos", agregó Naranjo sobre el derecho a reunión.

"Ustedes deben preguntarse si en este caso la política de tolerancia cero y actuaciones del intendente Guevara cumplen los requisitos de legalidad, si persiguen un fin legítimo y si fueron necesarias y proporcionales", recalcó Naranjo.

En tanto, Diego Ibáñez (CS) aseguró que la acusación es algo "político" y no "penal".

"¿Es autónomo Carabineros a la hora de diseñar su estrategia policial de copamiento? ¿Quién manda a quién?", consultó Ibáñez, quien leyó la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional y concluyó que "el intendente tiene funciones de Gobierno".

"El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la única forma que tenemos para que este monopolio responda al interés público es la confianza y la legitimidad que le da la sociedad a quien ejerce el monopolio", aseguró.

En tanto el abogado de la autoridad Metropolitano, Cristián Muga sostuvo que "el intendente Guevara no ha ejecutado acto alguno que vulnere el derecho constitucional de reunión sin armas".

Luego agregó que la defensa no aceptará que se le encargue la "responsabilidad exclusiva" del copamiento al intendente , a pesar de que sea un "mecanismo deficiente".

Por su parte Rodrigo Ávila, otro abogado de Guevara, asegura que la acusación "parte de un presupuesto erróneo, inexistente y falso" de que el copamiento "se implementó en conjunto con Carabineros a efectos de reprimir".

Avila consultó que si, ¿el intendente debe cumplir su mandato constitucional de resguardar el orden público (...), o todas las medidas de resguardo implican una infracción a los derechos humanos?

Además, "no existe ningún recurso de protección" de alguna persona que se haya sentido inhibida en su derecho de reunión o de libertad de expresión.

Finalmente, Cristián Muga, aseguró que "nada vincula al intendente jurídicamente con las violaciones a los derechos humanos".

PURANOTICIA