Corte Suprema defiende independencia judicial en comisión que analiza la acusación constitucional contra jueza Silvana Donoso

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, asistió vía remota a la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en el marco del llamado "Caso Ámbar", donde hizo hincapié en la importancia de la independencia judicial y en lo peligroso que pueden resultar estas tensiones entre Poder Legislativo y Poder Judicial para la democracia.

La máxima autoridad del Poder Judicial señaló que "a la Corte Suprema le llama poderosamente la atención el uso que se le está dando al mecanismo de la acusación constitucional".

"La labor de los jueces es central y fundamental -añadió- en el correcto funcionamiento de las sociedades democráticas gobernadas por el derecho", agregando que ese rol se tiene que ejercer con ciertos atributos, "uno de los cuales es fundamental, se debe ejercer con independencia".

Agregó que "a la Corte Suprema, y al Poder Judicial en su conjunto, nos asiste la convicción de que sin independencia judicial, ningún derecho es posible".

"Quiero ser enfático: los jueces y juezas nos debemos al derecho, y a nada más que el derecho. El día que ello deje de ser así, y que por temor a sanciones o represalias, jueces y juezas debamos mirar con un ojo el derecho, y con otro el riesgo inminente de ser acusados constitucionalmente, removidos de nuestros cargos o amonestados, ya no estaremos hablando propiamente de un estado democrático de derecho".

Silva explicó que la situación puntual está referida al ejercicio de una función desarrollada por una ministra hace cuatro años, bajo un sistema legal que, de acuerdo a los antecedentes conocidos, fue cumplido por dicha instancia.

El presidente de la Corte Suprema subrayó que la reflexión sobre la situación precisa por la que se acusa a la ministra Donoso lleva también a considerar el feble sistema que el ordenamiento ofrece para el cumplimiento de penas.

"Cabe recordar que las comisiones de libertad condicional son entes ad hoc, que se conforman para conocer el grupo preciso de solicitudes que les toca revisar, y esa naturaleza transitoria de su función es demostrativa de una liviandad en la manera en que el Estado ha asumido lo que ocurre con las personas una vez que han sido condenadas", culminó.

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