Lunes 3 de mayo de 2021 16:35
Corte ordena a Ministro de Justicia pronunciarse por indulto a ex agente de la DINE
Hugo Prado Contreras fue condenado como cómplice del delito de secuestro calificado de cinco personas en 1987.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, informar acerca del indulto presidencial otorgado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras, quien fue condenado como cómplice del delito de secuestro calificado de cinco personas en 1987.
De este modo, la cartera de Justicia debe responder a lo ordenado por la Corte de Apelaciones, informando de los fundamentos que consideró para otorgar este beneficio, y cuyo plazo vence esta jornada. Esto tras el recurso de protección presentado a nombre de la hermana de una de las víctimas.
Con esto se busca establecer si este indulto otorgado por orden del Presidente de la República se ajusta a la normativa internacional, tratándose de un delito de lesa humanidad, referido al secuestro y desaparición de las cinco víctimas.
Se trata de Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés, los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura militar. La investigación de la causa logró establecer que las víctimas fueron secuestradas en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en septiembre de 1987, en una operación conjunta de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la DINE y el Comando de Aviación del Ejército.
Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al mar en las costas de Quintay, crimen por el cual fueron condenados 33 agentes del Estado.
Hugo Prado Contreras se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, actualmente se encuentra en libertad.
Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, que presentó el recurso "la concesión de beneficios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin respetar la normativa de Derecho internacional, y sin notificar a los familiares de las víctimas, puede constituir una forma de impunidad, por lo cual solicitamos que la judicatura intervenga en este caso a fin de controlar la legalidad y convencionalidad de este indulto presidencial".
PURANOTICIA